En el plazo de un mes, el Gobierno central ha abierto un segundo conflicto de competencias con la Xunta por considerar que se excede en sus funciones e invade la esfera reservada al Estado.
En esta ocasión el motivo es la Lei de Pesca Continental de Galicia aprobada en febrero de este año. Son en total seis artículos, algunos de ellos muy extensos, en los que Moncloa tiene dudas sobre la legalidad de su contenido.
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Aunque ya se ha dado preaviso al Tribunal Constitucional por si tiene que intervenir finalmente, se ha entablado previamente una negociación entre las dos administraciones para intentar llegar a un acuerdo que evite el recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno ha optado así por una vía de resolución de litigios que no empleó con la Lei de Saúde de Galicia, que la impugnó directamente ante el Constitucional, provocando la suspensión de los artículos afectados, sin abrir primero diálogo con la Administración autonómica. Todo ello en un breve plazo, lo que evidencia el pulso político que mantienen San Caetano y Moncloa.
Con la Lei de Pesca Continental, Xunta y Estado tienen por delante un plazo de seis meses para arreglar las discrepancias y firmar un acuerdo de interpretación que si se logra lo que hará es, básicamente, circunscribir los efectos de la ley gallega a las competencias autonómicas y quedar supeditada a las normas estatales de ámbito superior.
Pero si no se logra el consenso, los seis artículos –o sobre los que se mantengan las divergencias– acabarán en el Tribunal Constitucional para que sea este órgano el que diga la última palabra.
En todo caso, al optarse por la vía de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Xunta y el Estado, los preceptos de dudosa constitucionalidad seguirán vigentes mientras no diga lo contrario el alto tribunal. Algo que no ha sucedido con la Lei de Saúde, ya que las disposiciones que daban la opción de obligar a vacunarse a la población, dictar el internamiento de una persona o forzarla al confinamiento domiciliario –siempre por razones sanitarias– han quedado sin vigencia mientras el Tribunal Constitucional no determine si, como aprecia el Estado, excedían las competencias autonómicas para invadir las nacionales.
LAS CLAVES
- El texto establece como zonas con un grado significativo de influencia del cambio climático las subcuencas de los ríos: Ulla, Tambre, Mandeo, Eume, Lérez, Verdugo, Anllóns y la ría de Arousa.
- El plan recoge medidas para minimizar el riesgo de inundaciones por un importe de más de 100 millones euros, en el que se incluyen las actuaciones a realizar por las distintas administraciones.
- Los interesados pueden hacer aportaciones hasta el 30 de julio. El documento abarca 74 actuaciones. Las medidas diseñadas se refieren a la prevención, protección ante inundaciones y recuperación para paliar efectos.
Según la información facilitada por la Xunta, el Gobierno central discrepa en la definición de la ley gallega sobre lo que se consideran “aguas continentales” y que debe prevalecer la concepción recogida en la Ley de Aguas Estatal.
Otro punto de fricción son las actuaciones previstas en el dominio público hidráulico, que compete al Estado. En este caso, el Gobierno recuerda a la Xunta, por una parte, que las autorizaciones para instalar aprovechamientos piscícolas en embalses y lagunas con fines turísticos deben contar con el título habilitante correspondiente al uso del dominio público y que, por otra parte, la Administración autonómica no es competente para realizar los informes preceptivos referidos a actuaciones sobre la vegetación de ribera.
También hay discrepancias en cuanto a las infracciones y sanciones. Moncloa sostiene que en las cuencas intercomunitarias los vertidos al dominio público hidráulico son competencia del Estado por lo que la Xunta no podría sancionar estas irregularidades.
Por su parte, el Ejecutivo gallego sostiene que la ley se ajusta a las funciones propias de la comunidad autónoma y que no hay colisión. Por ejemplo, sobre los vertidos la Xunta expone que se sancionan por su afección a los peces, mientras que la del Estado es porque atañe a la calidad de las aguas, por lo que no habría problema en tipificar como una doble infracción los vertidos.
Cambio climático
Otro conflicto que lleva meses vigente entre ambas administraciones es el derivado de la Ley de Cambio Climático, por entender la Xunta que genera inseguridad jurídica para las actividades industriales ubicadas en primera línea del mar, que solo pueden operar bajo concesión del Estado. A pesar de su naturaleza, esta ley incluye un artículo que afecta a las instalaciones en el dominio y que no estaba claro si tenía o no efecto retroactivo para computar los plazos de vigencia de las concesiones.
En su paso por el Senado se incorporó una enmienda para aclarar que no tiene efectos retroactivos, pero la Xunta se sigue mostrando en contra y considera que ese artículo sobre las industrias instaladas en la costa “no pinta nada” en una ley destinada a combatir los efectos del cambio climático.
“Nosotros seguimos insistiendo en que ese artículo no pinta nada dentro de la Ley de Cambio Climático”
“Entendemos que están privando a las industrias que están instaladas en la costa de esa posibilidad de obtener una prórroga extraordinaria”, opinó.
Por otra parte, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, inicia hoy la fase de consulta pública de la propuesta del Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027, y somete también a este proceso el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa para el mismo periodo.
