A pesar de la pandemia y de la suspensión de plazos para pagar impuestos autonómicos, en 2020 no se redujo el fraude fiscal. La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) afloró 101 millones de euros sin declarar, solo cinco millones menos que el año anterior. Además de rastrear casos de evasión fiscal, es decir, de ciudadanos que no abonan los impuestos que les corresponden, los inspectores también revisan las autoliquidaciones que presentan los contribuyentes para detectar si, bien por negligencia o por picaresca, se ha pagado de menos. Y en estas comprobaciones las herencias copan la mayor parte del dinero sin declarar: 31,9 millones de euros el pasado año.
A pesar de que en Galicia el 99,9 por ciento de los gallegos están exentos de pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, los pocos contribuyentes que sí están obligados a abonarlo manejan patrimonios de más de un millón de euros y, por lo tanto, cuando se detectan irregularidades en las liquidaciones la cuantía que aflora es elevada.
La Atriga revisó el pasado año un total de 144.886 liquidaciones del Impuesto de Sucesiones –todos los ciudadanos que hereden deben presentar la declaración del tributo aunque estén exentos de pagarlo–. Y los inspectores descubrieron que un total de 5.133 no estaban correctas, de manera que se les reclamó el pago de 31,9 millones de euros adicionales.
La cifra de fraude fiscal en herencias se redujo el pasado año respecto a 2019, cuando la deuda aflorada se situó en los 53 millones de euros. La razón es que las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones se extendieron a un mayor número de contribuyentes. Si hasta entonces estaban exentos el 99% de los legados tramitados, a partir de enero de 2020 se elevó hasta el 99,94% porque el Gobierno gallego subió el mínimo exento de 400.000 euros por heredero hasta el millón.
Lo que no ha tenido impacto ni en la recaudación del Impuesto de Sucesiones ni en la detección de fraude fiscal es la mayor mortalidad que se produjo en 2020 por el COVID-19. Desde el sindicato del técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apuntan que los herederos tienen un plazo de seis meses para liquidar el tributo por lo que parte de las liquidaciones presentadas en 2020 se pueden corresponder con legados de personas fallecidas el año anterior. Además la Xunta decidió aplazar el pago de impuestos autonómicos, incluido el de las herencias, desde marzo hasta el 1 de noviembre del pasado año.
Pero Sucesiones no fue el único tributo donde se consiguió aflorar deuda no declarada tras revisar las declaraciones de los contribuyentes.
En total, la Atriga hizo 294.095 comprobaciones el pasado año. Además de las herencias, Facenda revisó 149.209 liquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que es el que se paga en la compraventa de viviendas. Y se detectaron irregularidades en las declaraciones de un total de 10.287 contribuyentes. Estas comprobaciones permitieron aflorar 19,7 millones de euros de deuda no declarada en estas operaciones inmobiliarias.
El Impuesto de Transmisiones también se abona cuando se compra un vehículo de segunda mano. En 2020 la Atriga revisó 97.467 liquidaciones y detectó 3.679 casos de fraude fiscal por una cuantía de 500.000 euros.
Otra de las líneas de actuación de los inspectores de la Atriga es comprobar que se aplicaron correctamente los descuentos fiscales. Según su balance correspondiente a 2020, solo se detectaron irregularidades en un 2 por ciento de las bonificaciones aplicadas.
Además del aplazamiento en el pago de tributos concedido por la Xunta por la pandemia y del que se beneficiaron 43.125 familias, los contribuyentes que tengan dificultades en el pago pueden solicitar a Facenda una moratoria. El pasado año fueron 2.000 los gallegos que solicitaron aplazar el abono de tributos por una cuantía total de 12,9 millones.
BALANCE
20 millones aflorados en ITP
La Atriga detectó irregularidades en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que declararon 10.287 gallegos por 19,7 millones.
La revisión de los beneficios fiscales
Los inspectores comprobaron que el 98% de los beneficios fiscales estaban bien aplicados y solo halló irregularidades en el 2% restante.
Más de 2.000 aplazamientos
Dos mil gallegos pidieron aplazar el pago de tributos a la Xunta al tener dificultades en el pago.
Los inspectores abogan por centrar los esfuerzos en los grandes defraudadores
“¿Qué es más importante? ¿Detectar los pequeños incumplimientos como los de un autónomo, al que por 10.000 o 15.000 euros lo pones en una difícil tesitura, o centrarse en una gran sociedad o corporación empresarial que defrauda cantidades importantes de dinero?”. La pregunta la lanza el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que denuncia que el 80 por ciento de la plantilla de los inspectores están dedicados a investigar pequeñas irregularidades, lo que va en detrimento del descubrimiento de grandes delitos. La lucha contra el fraude fiscal es todavía mejorable, en opinión de los técnicos de Hacienda. A modo de ejemplo, España tiene el doble de economía sumergida que Francia o Alemania. Los inspectores se quejan de que les falta autonomía.
“Tenemos muy limitado nuestro ámbito a los pequeños contribuyentes"
Así, cuando un funcionario de Hacienda descubre un delito fiscal que supera los 120.000 euros tiene que ceder el caso a uno de los coordinadores, un reducido grupo de profesionales que se especializan en fraudes de mayor envergadura. ¿Cuál es el problema? “Ellos parten de cero en la investigación porque no conocen el expediente”, explica Mollinedo. Según argumenta, a una gran empresa es “más complicado” investigarla, lleva más tiempo y requiere más dedicación, pero los resultados son más productivos. “Debemos dedicarnos al grande y no a las pequeñas irregularidades que igual se solucionan enviando una carta de apercibimiento”, defiende Mollinedo.
