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Menos de una veintena de concellos alegan contra la protección del lobo

La asociación Libera! considera un “rotundo fracaso” la campaña “anti-lobo” de la Xunta

Una cuidadora alimenta a una manada en el Centro de Lobo Ibérico.

Una cuidadora alimenta a una manada en el Centro de Lobo Ibérico.

No llegan a la veintena los concellos gallegos que han presentado alegaciones contra la protección del lobo del Ministerio de Transición Ecológica, que ha incluido el animal en la lista de especies silvestres protegidas (Lespre) en contra del criterio de la Xunta y de comunidades del norte del país que amenazan con impugnar el acuerdo.

Según un comunicado de la asociación animalista Libera!, el listado de municipios que alegan contra la protección de la especie asciende en concreto a 19, una cifra, subrayan, que representa “poco más del 6%” de los ayuntamientos gallegos.

A juicio de la entidad, el dato permite constatar que “la campaña anti-lobo de la Xunta ha sido un rotundo fracaso institucional”. Tras descubrir “su nulo impacto en el municipalismo”, instan al Ejecutivo gallego “a dejar de hablar por la mayoría social”.

Entre los concellos que aparecen en el listado del Ministerio no hay ninguno de Pontevedra.

Respuesta a diputado de Unidas Podemos

Libera! explica que la cifra aparece en la respuesta que el Ministerio de Transición Ecológica ha enviado al diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, que preguntaba por la participación de las entidades locales, instituciones, organizaciones y colectivos en el período de alegaciones a la decisión de incrementar la protección de la especie.

Según Libera!, el Gobierno hace un uso “interesado” de la cifra de alegaciones al indicar el número total, 5.635, dado que “obvia”, aseguran, que “un porcentaje muy importante corresponden a las ONG que piden más protección para el lobo, como los escritos colectivos de WWF o Voluntariado para el Censo del Lobo Ibérico, que en conjunto suman 959”, explican en un comunicado.

Desde el colectivo animalista sostienen que “el amago” de enfrentamiento con el Gobierno central por parte de varias comunidades, entre ellas la Xunta, es únicamente “una fachada para evitar el abordaje real de los problemas del sector productivo y de la Galicia vaciada: pocas ayudas y pagos demorados hasta dos años, falta de servicios básicos, caída de precios”.

 Los avisos por ataques de lobo registraron un descenso el pasado año.

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