Penas de hasta 18 meses de cárcel por robar un móvil y una multa económica por okupar una vivienda de manera ilegal. Desde hace meses, la Xunta ha reclamado al Gobierno central un endurecimiento de las condenas por los asaltos de pisos y casas, un fenómeno que ha ido a más en los últimos años. Y en el mapa de las okupaciones de inmuebles desocupados, ya sea segundas residencias o de procedencia bancaria, Galicia no es una isla y son cada vez más los propietarios que se ven inmersos en una batalla legal para tratar de recuperar su vivienda y tras una larga espera judicial –en algunos casos la resolución tarda dos años– hacer frente a la factura de desperfectos con la que se topen.
Si en el primer semestre del año pasado se registraron en la comunidad una media de una okupación cada dos días, al cierre de 2020 eran ya una diaria. “No podemos seguir amparando ese cobijo de ilegalidades que suponen un malestar entre la sociedad”, advirtió ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, en la presentación de dos dictámenes de expertos penalistas que avalan la reivindicación de la Xunta de reformar el Código Penal para desalentar las okupaciones y devolver las viviendas a sus dueños.
Ante los datos de denuncias al alza en los últimos años, los largos procesos judiciales que tienen que afrontar los propietarios, las multas irrisorias que tienen que asumir los okupas y las penas que se aplican en países el entorno europeo, la conselleira de Vivenda reiteró ayer la necesidad de aplicar penas de cárcel cada vez que se produzca el asalto de una vivienda. Tras cargar contra la pasividad y la permisividad del Gobierno central, administración competente para impulsar las reformas legislativas, Vázquez fue tajante: “No puede ser posible que esté más penada la extracción de un móvil que una okupación ilegal de una vivienda, con el que eso supone”.
540 euros de multa
Un ejemplo basta para conocer lo barato que resulta ocupar de manera ilegal una vivienda: 540 euros de multa para una pareja de okupas vivió dos años en un chalé de lujo.
En base al contenido de los dictámenes presentados ayer en el Observatorio da Vivenda –uno elaborado por Santiago Brage, de la Universidade de Santiago, y el otro por Silvia Valmaña, de la Universidad de Castilla-La Mancha–, los servicios jurídicos de la Xunta elaborarán un informe para trasladar al Gobierno central –que también conocerán los grupos parlamentarios– y que así tome conciencia de la problemática cuantitativa y cualitativa de este fenómeno en Galicia.
Una de las principales conclusiones que arrojan los informes, y que avalan la postura defendida por la Xunta, es la necesidad de modificar el Código penal (el artículo 245) y una variada y extensa normativa sectorial: como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Tribunal del Jurado, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Orgánica de protección Jurídica del Menor. Por ello, la Administración autonómica reclamará al Ministerio del Interior la reforma del Código Penal y que se agilicen los procedimientos que permitan devolver las viviendas ocupadas a sus propietarios, otorgando seguridad jurídica.
La conselleira también reclama al Gobierno central que active medidas que desalienten este tipo de comportamientos, en vez de cobijarlos, dijo en referencia al Real Decreto Ley 37/2020, en el que se establece la suspensión de los procedimientos judiciales para el lanzamiento de las ocupaciones ilegales durante el estado de alarma.
