Los ayuntamientos gallegos han apostado por “medidas fiscales” para hacer frente a la crisis económica y no tanto por ayudas directas. Así, ampliaron plazos para el pago de impuestos y tasas, así como en la introducción de exenciones en tributos con mayor repercusión en el comercio, la hostelería y en el turismo, las actividades más castigadas por el COVID.

Así lo constata un estudio elaborado por la Red Localis, entidad gestionada por el grupo de investigación GES –Governance and Economics Research Network– de la Universidade de Vigo (UVigo), que afirma que las entidades locales de Galicia gozan de “capacidad económico-financiera” para afrontar la crisis.

En este contexto, la Red Localis sugiere que, en la línea marcada por el Ministerio de Hacienda, la suspensión de las reglas fiscales se amplíe hasta el año 2022. El grupo de la UVigo también recomienda que las ayudas de tipo tributario, aunque son “necesarias”, deben ser “coyunturales y complementarias” con otras vías como la reducción de trámites administrativos.

Por ciudades, el estudio indica que los ayuntamientos de Ourense, Vigo y Pontevedra han sido “los que menos rebajas fiscales han aplicado” para combatir los efectos del COVID tanto en 2020 como en 2021. Por el contrario, Santiago, A Coruña y Ferrol son las que más han apostado por esta vía. En cuanto a las ayudas directas, los que han abogado más por esta solución han sido Pontevedra, Santiago, Lugo y Ourense.