Las entidades financieras disponen al menos de 1.813 viviendas vacías en la comunidad, un 30% menos que las contabilizadas en el año 2016, cuando la Xunta obligó a los bancos a inscribir en un registro los pisos que tenían desocupados en los concellos de más de 10.000 habitantes. La cifra actualizada la dio ayer el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para responder a una interpelación del BNG.
El Bloque quería que los datos se hiciesen públicos y así conocer el censo de viviendas vacías y la titularidad de las mismas. “Cuántas son propiedad de las entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria”, inquirió la diputada nacionalista Alexandra Fernández, para quien no existe ninguna justificación para que el Gobierno gallego “tenga ocultos esos datos”.
Sin embargo, Heriberto García solo dio el número total de inmuebles sin entrar en detalles, ya que como indicó, el censo no es público, si bien las administraciones puede conocer la información pormenorizada siempre que lo soliciten. Entre esas 1.813 viviendas vacías se encuentran las ubicadas en concellos de más de 10.000 habitantes –puesto que es una obligación para las entidades propietarias– como también algunas construidas en ayuntamientos de menor tamaño que las entidades financieras notificaron de forma voluntaria.
El director xeral del IGVS indicó que, de todas formas, la mayor concentración de estos inmuebles se da en concellos de mediano tamaño donde no existe una gran demanda de vivienda. Citó, como ejemplo, el caso de Lalín, ayuntamiento donde las entidades de crédito disponen de más de cien pisos desocupados.
Heriberto García criticó que los municipios, especialmente las ciudades, “dieran la espalda” al programa de movilización de viviendas vacías de Galicia, motivo por el cual la Xunta lo tuvo que anular por resultar totalmente inoperativo y reformularlo por completo, de forma que ya no son los concellos los que deban impulsar la salida al mercado del alquiler de los inmuebles desocupados –como estaba previsto originariamente–, sino que ahora lo hará la Administración autonómica echando mano de los agentes de la propiedad inmobiliaria y de administradores de fincas.
Heriberto García precisó que en Galicia la mayor parte de este parque inmobiliario vacío está en manos particulares y de ahí que se acuda intermediarios para intentar movilizar estas viviendas.
