Galicia envejece y también lo hacen sus funcionarios y, entre ellos, sus profesores. En las facultades, únicamente uno de cada diez integrantes del colectivo de personal docente e investigador no ha cumplido todavía los 40. En las enseñanzas no universitarias, las cifras no son tan extremas, aunque según las últimas estadísticas detalladas difundidas al respecto por el Ministerio de Educación, relativas a 2018/19, solo uno de cada cuatro docentes no habría soplado todavía las cuarenta velas. Ese porcentaje convierte a Galicia en la segunda comunidad del Estado, solo por detrás de Canarias, con un menor peso del colectivo de docentes en los tramos de edades más bajas y también la sitúa en el mismo puesto del podio si se analiza el contingente a partir de 50 años, lo que se traduce en unos 13.200 profesores.
A corto plazo, con todo, teniendo en cuenta los docentes que, al menos por edad, se hallarían en teoría en condiciones de acceder al retiro en el próximo lustro, según estadísticas que la Consellería de Educación trasladó a los sindicatos, la Xunta podría encarar la pérdida de más de 7.700 trabajadores de la enseñanza pública, lo que supone casi uno de cada cuatro (el 24%), teniendo en cuenta que las cifras de trabajadores del curso actual, según las estadísticas que figuran como estimaciones de la Xunta, rozan los 31.400. En el curso previo, en cambio, suponían poco más de 30.000, pero este año el extra se deriva del refuerzo que realizó la Administración gallega en las aulas por el coronavirus. Sobre la base preCOVID el potencial impacto de los empleados que tienen en la actualidad entre 55 y 65 años se notaría más.
Con todo, no todos los docentes decidirán retirarse al cumplir los 60 o de ahí hasta los 65 años, aunque en ese intervalo pueden acogerse a una jubilación voluntaria que se produce cuando se cumplen otros requisitos, como un número determinado de años de servicio. De hecho, hay otros que podrían extender hasta los 70 su actividad laboral, incluso 71 al final de curso, teniendo en cuenta las actuales normativas.
Solo este año el cupo de docentes de la pública disminuirá en más de 1.260 efectivos por esa causa, según un recuento realizado por el sindicato Anpe a partir de estadísticas de inspección gallega, y si la misma tendencia se mantuviese invariable durante los próximos cinco años, más de 6.300 plantarían las pizarras y las aulas.
A la hora de decidir sobre la posibilidad de un retiro voluntario, los docentes explican que son muchos los factores que tienen en cuenta, aunque la irrupción del COVID en el escenario educativo ha sido determinante. De hecho, también está notándose en la decisión de los profesores universitarios, entre los que se han incrementado las bajas voluntarias. A eso se suma que los docentes también acusan los efectos de la situación de “incertidumbre” sobre qué ocurrirá con la posibilidad de retirarse de forma voluntaria y algunos no quieren desaprovechar la oportunidad. El colectivo de docentes que en teoría podría perder más efectivos sería el de maestros de primaria, con más de 1.300 que alcanzarían o tendrían la edad potencial para poder en teoría jubilarse durante estos próximos años. En infantil ascenderían casi a medio millar.
Cinco mil aulas digitales más en los centros públicos
El Consello de la Xunta dio ayer luz verde a la contratación a través de un acuerdo marco y por 18,5 millones de euros del suministro y la instalación de cinco mil paneles interactivos en aulas gallegas. Serían las que faltan, explica la Administración autonómica en un comunicado, para que se generalicen las aulas digitales a los centros públicos en los cursos que van de 1º de primaria a 2º de Bachillerato.
También en aras de extender las aulas digitales, la Xunta invertirá otros 6,1 millones en mantener y actualizar las que ya funcionan y además impulsará que 800 estén dotadas con portátil de aula y proyectores PDI. Ambas inversiones, indican desde el Ejecutivo autonómico, están incluidas en el Plan de infraestruturas dixitais educativas que entre este año y 2023 prevé un desembolso de 134,6 millones de euros. Entre sus objetivos está ampliar las conexiones de fibra de 1 Gbps a todos los centros o que todos los espacios docentes dispongan de wifi.
El sindicato Anpe pide medidores de CO2 como en la hostelería
El sindicato Anpe reclama que se dote, “por coherencia con las medidas de obligado cumplimiento exigidas para la restauración”, a todos los centros educativos con fondos públicos de dispositivos medidores del nivel de CO2 como medida de control de la calidad del aire. Argumenta que los centros educativos desarrollan sus actividades diarias “durante un mayor número de horas e implicando a un número más elevado de personas”.
