De ser una experiencia poco menos que testimonial antes de la pandemia, y sí intensa durante la crisis sanitaria, pero forzada, el Gobierno busca ahora que el teletrabajo se convierta en algo normal en cuanto se gane la batalla al coronavirus. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), de forma que se permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial.
El acuerdo, firmado ayer tras cinco meses de negociación, afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, entre otros, de las que 11.614 tienen sus puestos en Galicia: 3.859 en la provincia de Pontevedra, 4.925 en la de A Coruña, 1.456 en la de Ourense y 1.374 en la de Lugo.
Carácter voluntario
El teletrabajo para estos empleados públicos tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. No obstante, se podrá autorizar de forma “forzosa” en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad.
Pero esta modalidad no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, ni a jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Iguales derechos
Una vez que entre en vigor el acuerdo, cada departamento, previa negociación con los sindicatos, realizará un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo en función de las tareas. El acuerdo garantiza la igualdad de derechos para el teletrabajador respecto a la modalidad presencial, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital.
La Administración tendrá que proporcionar los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad del trabajo a distancia, junto a la formación técnica específica.
