Trece años después de la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el 30% de los ayuntamientos gallegos ya han delegado las competencias en materia de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad en el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente que persigue las obras ilegales. Los últimos en adherirse sido Cenlle (Ourense) y Boqueixón (A Coruña), que ayer firmaron sendos convenios para ello.
Con las dos nuevas incorporaciones firmadas ayer, la APLU tiene asumidas ya las competencias de 91 concellos (15 en Pontevedra, 31 en A Coruña, 27 en y 18 en Lugo).
Al delegar la competencia sancionadora en la Xunta, los ingresos por las multas urbanísticas se reparten entre la administración autonómica y la local
La APLU se compromete a transferir a los ayuntamientos el 10% de las multas hasta un máximo de 30.000 euros anuales y asume como principales funciones la tramitación de los expedientes de reposición, multas y tareas técnicas.
