Mientras 3.000 gallegos están a la cola para conseguir comprar una vivienda de protección, hay beneficiarios de estos pisos que no residen en ellos o los tienen alquilados a terceros sin el permiso de la Xunta. Esto es motivo de infracción. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) multó en los dos últimos años a un total de 55 propietarios. La multa media es de 12.000 euros.
En total, el importe de las sanciones impuestas por el IGVS entre 2019 y 2020 asciende a 670.382 euros. Las infracciones más habituales son no emplear la vivienda adjudicada como residencia habitual o permanente o alquilarla a terceras personas. Estas dos irregularidades se consideran graves, según explica la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Por años
En 2019 fueron 39 los propietarios de pisos de protección multados. Con la pandemia la cifra se redujo a 16 dueños sancionados. Sin embargo, las infracciones detectadas en 2020 fueron más graves puesto que el importe de las sanciones fue un 60 por ciento superior al del ejercicio anterior: se impusieron multas por valor de 415.000 frente a los 255.378 euros de 2019.
Estas infracciones son detectadas por dos vías. Por un lado, el IGVS investiga de oficio algunos casos. Esto da lugar a la apertura del 15 por ciento de los expedientes. Sin embargo, la mayoría de los incumplimientos son descubiertos tras denuncias de terceros. Lo que se recauda con las multas se destina a nuevas ayudas para el acceso a una vivienda.
Un inmueble de carácter público no se puede vender ni alquilar mientras dure el régimen de protección que oscila entre los 15 y los 30 años, según su tipología y la zona.
Demandantes
En la actualidad hay 14.795 gallegos en espera de vivienda protegida, aunque la mayoría se decantan por el alquiler en lugar de por la compra. Nueve mil gallegos están pendientes de arrendar un piso protegido.
Las dificultades para acceder a una hipoteca han mermado la demanda de compra de vivienda pública en los últimos años. Aún así, hay un total de 2.900 gallegos en espera de que le sea adjudicado un piso público en propiedad y otros 2.867 optan por la modalidad de alquiler con opción a compra.
La construcción de viviendas protegidas ha sido, por el contrario, prácticamente anecdótica entre 2011 y 2019. Sin embargo, justamente en el año de la pandemia despuntó la oferta, tal y como constatan los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En 2020 se pusieron en el mercado, tras obtener la calificación definitiva, un total de 313 viviendas protegidas. Es la mayor cifra desde 2013 y supera con creces a la exigua oferta de 2019, con solo 4 pisos, o la de 2018, con únicamente 8 pisos.
De las 313 viviendas protegidas terminadas el pasado año en Galicia, solo tres estaban destinadas al alquiler, mientras que el resto se adjudicarán a los demandantes que busquen la opción de compra.
