La Xunta ha formalizado ya la vía para intentar desactivar el anunciado recurso que el Gobierno central presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Lei de Saúde de Galicia, norma que la comunidad autónoma pretende usar como marco legal para amparar las restricciones que considere oportunas ante la pandemia tras el fin del estado de alarma. El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, envió el miércoles una carta al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para pedirle oficialmente la convocatoria de la Comisión Mixta Xunta-Estado con el fin de discutir las dudas que existen sobre la ley gallega y evitar así que el conflicto se judicialice.
Moncloa cree que la normativa gallega se excede en sus competencias, sobre todo en aspectos como la posibilidad de obligar a vacunar a la población, dictar confinamientos domiciliares o el régimen de sanciones para las infracciones. Y la Xunta sostiene que es el paraguas legal ideal para gestionar la pandemia ya que le avala para tomar decisiones como restringir la movilidad o declarar el cierre de actividades económicas, dado que en cuanto finalice el estado de alarma, no habrá ningún régimen jurídico en España que ampare las medidas contra el coronavirus.
Sin boicot
“No queremos judicializar un asunto capital y tampoco queremos que el Gobierno boicotee una ley que es oportuna y rigurosa”, advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras anunciar que Rueda había pedido la reunión con Iceta. “Estamos convencidos de que la Lei de Saúde no incumple la Constitución, pero estamos dispuestos a discutir todas las dudas que surjan”, añadió.
Feijóo aludió al informe del Consejo de Estado –pedido por el Gobierno central para justificar el recurso– como un argumento a favor de la Lei de Saúde, dado que el dictamen sostiene que no hay ninguna legislación nacional específica para gestionar pandemias. El informe, que es preceptivo pero no vinculante, avala las multas recogidas en la ley gallega, pero considera que la vacuna obligatoria excede la competencias de la comunidad.
El titular de la Xunta reclamó ayer de nuevo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes –los autonómicos más Pedro Sánchez– para diseñar precisamente un marco legal por el que guiarse las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones que afecten a los derechos de los ciudadanos, dado que sin estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo, las medidas que se adopten tendrían que ser ratificadas por los tribunales de justicia, lo que daría pie a resoluciones distintas en función del territorio o la fórmula empleada. También se pondría sobre la mesa la previsión del suministro de vacunas.
El Consejo de Estado recomienda adecuar una ley para la pandemia
El Consejo de Estado ha aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a los ejecutivos autonómicos como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia, cuando no está vigente el estado de alarma. Se trata, en concreto, de la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo contenido entienden que “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”. Así lo pone de manifiesto el principal órgano consultivo del Gobierno en el dictamen requerido para impugnar la Lei de Saúde de Galicia.
