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Feijóo alerta de los riesgos tras el fin del estado de alarma

Control policial en la Avenida de Madrid, en Vigo. |   // RICARDO GROBAS

Control policial en la Avenida de Madrid, en Vigo. | // RICARDO GROBAS

La Xunta había diseñado un marco legal para dar amparo a cuantas medidas considerara necesarias para gestionar la pandemia. Lo hizo a través de la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, aprobada recientemente. Pero su hoja de ruta encalló porque el Gobierno central entiende que la norma no es constitucional y ha acordado recurrirla, lo que la dejará sin efecto. Así que ahora, ante la conclusión del estado de alarma dentro de un mes, Galicia y las demás comunidades autónomas no saben con qué herramientas jurídicas podrán gestionar la pandemia en cuanto el Gobierno central termine su tutela.

“La toma de decisiones tendrá serias dificultades”, alertó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante el nuevo escenario que se avecina sin que exista un “manual” que indique a las autónomas cómo tienen que ejercer si hay que limitar derechos fundamentales o restringir la movilidad o la actividad económica por causa del COVID. Por ello, Feijóo reclamará con carácter “inmediato” una reunión con el Gobierno para aclarar el marco legal ante el fin, el próximo 9 de mayo, del estado de alarma.

Alberto Núñez Feijóo

Estamos ante un doble salto mortal porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo y porque no tenemos una alternativa jurídicamente sólida

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El anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Saúde desbarató los planes de la Xunta, aunque falta por saber todavía con concreción qué preceptos se impugnarán, porque esos quedarán sin efecto desde el mismo día en que se presente el recurso, cuyo plazo finaliza el 26 de mayo.

Refrendo judicial

Sin esta cobertura legal, planteada precisamente para aplicarse cuando el estado de alarma llegara a su fin, la Xunta tendrá serias limitaciones para implantar sus medidas de contención del coronavirus, ya sea de movilidad, de aforos, de cierre de negocios o de restricción de los horarios, ya que todas ellas tendrían que ser refrendadas posteriormente por la Justicia.

De ahí, ante este escenario de incertidumbre sin ninguna legislación específica para la gestión de una pandemia y para poder tomar decisiones, los avisos lanzados ayer por Feijóo, quien alertó del “doble salto mortal” al que tendrán que hacer frente las autonomías: “porque no tenemos información sobre lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo y, en segundo lugar, porque no tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia”.

Por eso, reclamó con “urgencia” una Conferencia de Presidentes para determinar el “manual” que se deberá seguir en caso, por ejemplo, de ayuntamientos con una elevada incidencia de contagios o de comunidades con riesgo alto.

Contingencias que Galicia pretendía resolver con la reforma de la Lei de Saúde, pero a la que el Gobierno central respondió con la decisión de impugnarla ante el Tribunal Constitucional sin abrir conversaciones previas para consensuar una posición, como ha sucedido en otras ocasiones en las que se sospechaba que una norma autonómica excedía sus competencias. “No es el mejor modelo de cogobernanza”, se quejó.

Comisión mixta

En todo caso, Feijóo quiere creer que no se llegará a presentar el recurso –que en este caso supone la suspensión automática de los preceptos impugnados– y demanda la convocatoria de una “comisión mixta” entre Xunta y Estado para discutir y evaluar las dudas que existan sobre el articulado de la ley.

“A partir del 9 de mayo las decisiones que adopten las comunidades autónomas tendrán serias dificultades y podrán ser anuladas total o parcialmente por los tribunales de justicia. No estamos en la mejor de las situaciones para dar un mensaje de tranquilidad y de seguridad jurídica sobre las decisiones que tengamos que tomar”, destacó Feijóo.

Otras comunidades, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria o Valencia, también alertaron del riesgo que corren por quedarse sis cobertura legal para adoptar restricciones por motivo del COVID. A estas críticas se ha sumado el PP, que de la misma forma que se opuso al estado de alarma ahora rechaza que se le ponga fin sin que exista una alternativa legal que permita gestionar la pandemia en los distintos territorios.

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