Los concellos gallegos cerraron el año 2020 con facturas en el cajón no incorporadas al presupuesto por un importe bastante inferior al de los dos ejercicios anteriores. Se trata de recibos que todavía no se han pagado porque no se dispone de partidas a tal efecto en las cuentas municipales, pero sí que están reconocidos. A 31 de diciembre, esta deuda era de 38,5 millones de euros, la mitad del volumen registrado en diciembre de 2019 (75,4 millones), y también sensiblemente más bajo que los números de 2018, con 57 millones.
Esta opción contable está permitida, pero su uso debía ser excepcional y previa justificación motivada. Sin embargo, año tras año, los concellos gallegos, y del conjunto de España, abusan de esta vía. Tanto que el Tribunal de Cuentas, en un informe específico aprobado el pasado mes de enero, alertaba de un excesivo apego de las entidades locales por esta fórmula para aplazar el pago de facturas y de que en gran parte su abono resultaba irregular porque no se cumplían las condiciones exigidas.
Control estricto
El Ministerio de Hacienda somete a ayuntamientos y diputaciones a un estricto control para reducir la morosidad y agilizar los pagos a proveedores, de forma que desde 2013 existe un plazo máximo de 30 días para abonar las facturas. Sin embargo, cuando no hay liquidez para afrontar los recibos pendientes, estos se guardan y no se incluyen en su contabilidad a la espera de que mejoren sus disponibilidades presupuestarias. Aparecen entonces registrados en la llamada cuenta 413 que vigila Hacienda y de la que informa periódicamente.
En su último balance, del año marcado por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, el saldo de esta cuenta ascendía en Galicia a 38,5 millones de euros, de los que 18,3 correspondían a ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, 15,7 a municipios de A Coruña, 4 los de Ourense y solo medio millón a los de Lugo.
El ayuntamiento que más facturas tiene pendientes de pago –y sin incorporar a la disciplina presupuestaria– es el de Santiago, con seis millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda. Le sigue, en volumen, el de O Porriño, con casi 4,6 millones. Por encima de los dos millones figuran también Pontevedra, Salvaterra, A Cañiza y A Coruña.
Aviso del Tribunal de Cuentas
El recurso a la cuentea 413, también llamado reconocimiento extrajudicial de crédito, es una fórmula de pago de contratos y servicios para sortear la rigidez del control financiero a la que están sometidas las entidades locales o por la falta puntual de dotación presupuestaria. Una parte de estos pagos encuentra acomodo legal por responder a causas objetivas, pero en otros casos se consideran abonos irregulares al no estar amparados por los procedimientos reglados.
El Tribunal de Cuentas puso números a esta situación y cifró –tras analizar una muestra aleatoria correspondiente al año 2018– en 17 millones de euros los pagos de facturas que se hacen de forma irregular en Galicia, ya que se realizaron sin la correspondiente licitación del contrato preceptivo, se reconocieron a pesar de no contar con crédito presupuestario, las prestaciones abonadas exceden del objeto del contrato que las debiera amparar o no se ha seguido la tramitación reglamentaria prevista.
Sin embargo, hay otra parte de los pagos que se realizan por la fórmula del reconocimiento extrajudicial y que, en este caso, están totalmente amparados por los procedimientos regulares. No obstante a estas alturas y sin un informe de fiscalización previo, es imposible determinar cuando el recurso a la cuenta 413 es adecuado y cuando supone una utilización abusiva.
