Vox no esperará el dictamen solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado y se adelantará a llevar directamente ante el Constitucional la Lei de Saúde de Galicia por considerarla una medida “peligrosa” que se basa en la “imposición” de la vacuna contra el COVID y “restringe libertades ciudadanas, viola derechos fundamentales y traspasa las competencias autonómicas”. La formación política defiende que “la vacuna que cumpla los requisitos sanitarios se deberá administrar de forma voluntaria y con carácter gratuito”.
Tal como había avanzado tras la aprobación de la Lei de Saude en el Parlamento gallego, con los únicos votos del PP, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, confirmó ayer que presentarán ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Lei de Saúde de la Xunta de Galicia y también contra la Ley de Eutanasia, aprobada la semana pasada por el Congreso.
Buxadé justifica la decisión porque la normativa promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo prevé imponer sanciones “gravísimas” contra los gallegos que no se vacunen o no adopten las medidas “coercitivas” que contempla esa norma.
Así, desde Vox señalan que varios artículos de la nueva Ley “traspasan los límites de las competencias y de los derechos fundamentales del ciudadano”. En concreto, critican el reformulado Artículo 33, que establece que los funcionarios que realicen funciones de inspección pueden tener la condición de autoridad sanitaria y también considera “un peligro” la modificación del Artículo 34, “pues las autoridades sanitarias con labores de inspección contarían con un criterio indeterminado sobre lo que es un riesgo inminente y extraordinario” para incautar o inmovilizar productos, suspender el ejercicio de actividades o cerrar empresas.
En opinión de Vox se produce “una violación de derechos fundamentales” ya que “un alcalde o consejero podría obligar a un hostelero o comerciante a cerrar su local si tiene alguna sospecha de la existencia de “riesgo inminente” para la salud. Es decir, en nombre de una total ausencia de evidencia científica, se podrían incautar productos o, directamente, paralizar la actividad, algo inadmisible”.
En cuanto al recurso contra la Ley de Eutanasia, Buxadé incide en que el Estado, que a su juicio tiene como “primera obligación” defender la vida, no puede convertirse “en cómplice de la muerte” de los españoles. Por ello, y porque persiguen “la defensa de la vida y de la dignidad hasta el final”.
Buxadé insiste en que si Vox llega al Gobierno, derogará la Ley de Eutanasia y la cambiará por una de cuidados paliativos que ayude a los enfermos y sus familias a vivir “con dignidad” hasta el final.No quiso pronunciarse sobre la Ley de Salud Pública de Aragón, pues reconoció no habérsela leído, pero aseguró que si “también vulnera los derechos y las libertades de los españoles” o “afecta a competencias exclusivas del Estado”, como considera que ocurre con la ley gallega, “por supuesto” que su partido no dudará en llevarla al Constitucional.
