El sistema judicial dispone de una caja en la que se depositan fondos millonarios a la espera de resolución. En el conjunto de España, estas provisiones ascendían a 31 de diciembre del pasado año a 4.471 millones de euros, que permanecen bloqueados para futuros pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones. En Galicia, a la misma fecha, el montante custodiado superaba por poco los 124 millones de euros, lo que le convierte en la cifra más baja de un cierre de ejercicio desde que se comenzaron a elaborar este tipo de estadísticas (en 2013). El descenso de estos depósitos en los juzgados gallegos, de casi 53 millones con respecto al tercer trimestre y a la media de 2019 se debe, según fuentes judiciales, al ingente trabajo de ejecución de sentencias realizado en el último cuarto del año, lo que permitió liberar los fondos, bien para cumplir con las resoluciones o devolvérselos a sus titulares.
Lo normal, que además reflejaría un funcionamiento ágil de la Justicia, sería que las cuentas tuvieran siempre unas cantidades bajas custodiadas. “Cuanto más se vacíen, mejor. Por tanto, es una muy buena noticia el descenso registrado en el cuarto trimestre del año porque eso muestra que se han dictado muchas resoluciones de sentencias”, añaden fuentes judiciales.
Durante el año 2019, los depósitos arrancaron el primer trimestre con un montante de 148 millones para después acercarse a los 180 en el resto del ejercicio. Esta tendencia se mantuvo durante buena parte de 2020, con 172, 168 y 177 millones de euros bloqueados, respectivamente, en el primero, segundo y tercer trimestre.
Año marcado por la pandemia
Detrás de estos números existe una lógica. Entre enero y marzo se siguió con la dinámica del año anterior, mientras que en el segundo trimestre, el estado de alarma por el coronavirus, el confinamiento obligatorio y la paralización de toda actividad no esencial impidió el funcionamiento normal de la justicia. Luego, en el tercero, las vacaciones tampoco contribuyeron a paliar el atasco. Hasta que llegó el último cuarto del año, cuando se aceleró el proceso de ejecución de sentencias, corrigiendo el embotellamiento de todo el resto del año y rebajando los depósitos bloqueados hasta los 124,3 millones de euros, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Estos fondos provienen del pago por parte de los ciudadanos desde fianzas de libertad hasta multas e indemnizaciones e incluso subastas y embargos judiciales. Una vez se dicta sentencia, los jueces determinarán a qué manos van a parar las partidas congeladas. Buena parte suele devolverse a los propios litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria. Algunas de esas entregas corresponden al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso. Sin embargo, hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado si una vez finalizado el proceso judicial los ciudadanos no reclaman, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
Reparto provincial
En las provincias de Ourense y Lugo, la variación ha sido más bien escasa. Prácticamente se han movido en las mismas cifras de siempre: sobre diez millones en la ourensana y los dieciséis en la lucense. Pero sí han sido muy destacadas las alteraciones en las de Pontevedra y, especialmente, en la de A Coruña, donde además de los órganos judiciales propios de cada provincia, figuran los del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
En la de A Coruña, los depósitos bajaron a 61 millones de euros al cierre del ejercicio, cuando lo normal es que ronden los cien. En concreto, de los 110 millones del tercer trimestre, al cuarto los fondos descendieron en 49. Y en la Pontevedra, de los 40,8 millones, en el mismo periodo se redujeron a 36,9.
En todo caso, son unas cifras casi testimoniales en comparación con el dinero que tiene bloqueado el aparato judicial en Madrid: nada menos que 1.759 millones de euros, dado que allí están los órganos centrales de los juzgados. Ya a mucha distancia aparece Barcelona, con 448 millones. Y ya el resto de las provincias no superan los 180.
