Los contratos temporales no solo pertenecen al ámbito de las empresas privadas. Las administraciones también recurren a esta modalidad y además, en exceso. Tanto que el Gobierno central, en el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos, modificará antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública para rebajar el número de interinos. La Xunta se ha marcado también este objetivo, pero va con retraso, entre otras razones por los límites a las reposiciones de efectivos que se arrastran desde hace años. La Consellería de Educación, con casi 34.000 empleados, quería tomar la delantera y bajar del 14% al 5% la tasa de interinidad ya este año. El objetivo se mantiene, pero se ha aplazado su consecución hasta el inicio del curso 2022-23.
El departamento de Román Rodríguez argumenta que la razón de este aplazamiento es que en 2020 no se pudieron celebrar oposiciones por la crisis sanitaria. Se iban a sacar casi 3.900 plazas, pero las pruebas quedaron suspendidas. La intención es celebrar este año las del pasado ejercicio y la oferta pública de empleo correspondiente a 2021 se convocará en 2022, para ejecutarlas acumuladamente con las de ese año.
“Así las cosas, al inicio del curso 2022-2023 estaremos muy cerca de alcanzar el objetivo de reducir la tasa de interinidad al 5%”, asegura la Consellería de Educación.
Temporalidad del 14,2%
Según el boletín de personal de la Xunta correspondiente al primer semestre de 2020, la plantilla de la Consellería de Educación estaba formada por 33.752 trabajadores, de los que 30.036 son docentes. Y del total, tenían contratos temporales o categoría de interinos 4.800, que representan el 14,2%. No obstante, estas cifras pudieron sufrir cambios durante el segundo semestre debido al refuerzo de plantillas acometido para atender las necesidades derivadas de la pandemia y a las sustituciones de las bajas por enfermedad o jubilaciones en un sector con un alto dinamismo.
De hecho, algo más de 2.000 profesores gallegos están pendientes de conocer de forma definitiva los nuevos destinos que ocuparán el próximo curso, como resultado del concurso de traslados nacional. Esa movilidad está motivada por las jubilaciones producidas a lo largo del actual curso –efectivas ya o previstas– y por aquellas plazas de nueva creación o que están ocupadas interinamente.
Los nuevos inquilinos de estos puestos, una vez que la adjudicación sea definitiva en el mes de mayo, los adquirirán en propiedad, lo que contribuirá a estabilizar las plantillas del profesorado. La toma de posesión, en todo caso, se producirá a principios de septiembre, para no interferir en el desarrollo final del presente curso.
Ampliación de la OPE al millar de plazas
En cuanto a las oposiciones para la administración general para este año, la Consellería de Facenda planteará a los sindicatos incrementar hasta 1.000 las plazas de acceso libre, ampliando así la propuesta remitida esta misma semana a las organizaciones sindicales. Así, a las plazas de la tasa de reposición, que alcanzan las 635, le suma las correspondientes a la estabilización y consolidación de personal para llegar al millar.
El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, avanzó que se propondrá reservar 80 plazas para personas con discapacidad de las que 20 se destinarán a las que presenten una discapacidad intelectual.
Precisamente, ayer se celebró de modo simultáneo y por la mañana en Silleda (Pontevedra) y Lugo el examen para el grupo A1 de Psicología, cuyo porcentaje de participación ha alcanzado el 65% al presentarse 818 de los 1.252 aspirantes convocados. Por la tarde, también en ambas localidades, se ejecutaron las pruebas el grupo A2 de trabajador social, en las que se habían inscrito 1.324 personas.
Para evitar las concentraciones y reducir el riesgo de contagio, las pruebas se desarrollarán este año repartidas por toda Galicia y en convocatorias escalonadas.
