Aun así, las residencias autonómicas tampoco se han quedado vacías. Sigue habiendo lista de espera y esta roza las 3.200 personas. Tampoco cesó la demanda: durante todos estos meses, desde el mes de abril del pasado año hasta ahora, la Administración gallega ha adjudicado hasta 1.782 plazas públicas, explican desde el departamento que dirige Fabiola García.
Por otro lado, y pese al estado de alarma, el confinamiento y toda la serie de restricciones que se fueron sucediendo, también ha habido movimientos dentro de las residencias de mayores. Desde el mes de abril de 2020 hasta el actual mes de marzo, la Xunta autorizó un total de 640 traslados entre plazas públicas de centros residenciales, aunque casi un centenar de beneficiarios (en concreto, 97), renunciaron.
La movilidad entre estos centros es relevante en la medida en que permite acercar a los mayores a los lugares donde solían tener sus domicilios. No siempre es posible conseguir una vacante cerca de casa y el Consello de Bioética de Galicia instó a la Xunta ya hace varios años a intentar “minimizar” el enviarlos lejos de su entorno, a veces a 160 o incluso a 200 kilómetros de distancia. No obstante, desde la Administración autonómica concedieron que no siempre era posible pese al incremento de plazas.
Casi 3.200 en lista de espera
Aunque la lista se recortó por los decesos o familias que sacaron a sus mayores por miedo, la Xunta adjudicó desde el pasado abril un total de 1.782 plazas.
Plazas para 1.800 mayores
Desde abril del pasado año a este mes de marzo, la Xunta autorizó un total de 640 traslados entre residencias. Con esta medida se busca acercar a su hogar a los mayores.
Movilidad intercentros
Las residencias públicas gallegas para mayores tienen en la actualidad una lista de espera de casi 3.200 personas, un 16% inferior a la existente antes de la pandemia.
Las ayudas para centros privados se duplican en un lustro
Aunque en la actualidad la cifra de mayores en lista de espera para obtener una plaza pública de atención residencial en Galicia asciende a un total de 3.192 personas, eso no significa, advierten desde la Consellería de Política Social, que, mientras aguardan a que llegue su turno, queden desatendidas. En ese intervalo, señalan, pueden estar recibiendo otro servicio o prestación. En la atención a la dependencia eso incluye también ayudas para abonar una residencia privada, por ejemplo, en tanto el interesado no puede disfrutar de una vacante en una residencia pública. Desde la Xunta indican que estos apoyos económicos existen y que sus importes aumentaron en 2019 entre un 10 y un 75 por ciento, dependiendo del grado, y ascienden a un máximo de 1.500 euros. De hecho, son muchos los gallegos que tienen una prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio residencial. Cada vez más, hasta el punto de que en el último lustro, según los datos facilitados por la Administración autonómica a partir del IMSERSO, estas prestaciones se han duplicado. Así, en febrero de 2016 se beneficiaban de estas cuantías un total de 2.542 gallegos, mientras que en la actualidad, con datos a febrero de 2021, ascienden a un total de 4.478. No obstante, y a pesar de que las cifras de quienes perciben esta ayuda han ido a más desde 2017, el último dato es ligeramente inferior al registrado un año atrás en el mismo mes, cuando se elevaban a 4.759. El último informe del grupo de investigación de Envejecimiento del CSIC señala para 2020 un total de 5.021 plazas públicas en Galicia y de 16.625 privadas.
La memoria de 2019 de la Xunta recoge 6.929 plazas entre centros propios y concertadas. La previsión para los próximos años es que la demanda de los servicios residenciales vaya a más.
Un informe del CES gallego advertía hace unos días de que en 2035 se contabilizarán en Galicia alrededor de 138.000 dependientes, lo que supone 28.000 más que en la actualidad, y de que –de cumplir con la ratio de personal aconsejada por la OMS– sería preciso crear 7.500 empleos más en los centros residenciales.