Un mes después de aprobarse la ley, la Xunta ha dado un giro completo al modelo que había diseñado para redoblar la dedicación de los empleados públicos a los trámites de gestión administrativa con el fin de agilizar la apertura de proyectos empresariales y dar salida a los fondos extraordinarios procedentes de Bruselas y Madrid para lanzar la recuperación económica tras el COVID. Donde antes se abría una vía exprés para forzar la movilidad forzosa de los funcionarios –cambiándolos de puesto y de consellería aunque sin salir de su localidad– con el objeto de destinarlos a los departamentos con mayor carga de trabajo derivada de las subvenciones y sus proyectos empresariales asociados, ahora se pasa al reclutamiento voluntario y además incentivado con complementos de productividad y gratificaciones extraordinarias para así obtener la mejor respuesta por parte de los trabajadores públicos.
“Facenda da marcha atrás y se ve obligada a negociar la productividad y las gratificaciones para trabajar en la gestión de los fondos europeos. Y también desiste de su intención de imponer la movilidad forzosa”, sintetiza el sindicato CSIF, uno de los más combativos con el diseño de la Xunta para canalizar la salida de los fondos europeos.
“En la ley de reactivación económica se establece que los secretarios xerais técnico de las consellerías podían reasignar efectivos en función de la carga de trabajo”
El modelo original, introducido en la ley de reactivación económica –aprobada el pasado mes–, se basa en la posibilidad trasvasar funcionarios entre todas la consellerías y entes del sector público autonómico que gestionen proyectos financiados con fondos europeos. Los secretarios xerais técnicos son los responsables de evaluar la carga de trabajo entre las distintas unidades administrativas “con el fin de poder reasignar efectivos” y de encargarles a los empleados públicos tareas diferentes de las del puesto de trabajo que ocupan, aunque sin que esto suponga cambio de localidad.
Esta “reasignación temporal” se intentaría primeramente que fuera dentro de la propia consellería o de sus entes autonómicos dependientes. Pero también se pueden destinar a otras áreas, tarea de la que se encarga la Dirección Xeral de Función Pública, de la Consellería de Facenda.
Sin embargo, el jueves la Consellería de Facenda envió a los sindicatos una propuesta “sobre actuaciones en materia de personal para la gestión de los fondos de recuperación” donde se limita, si no es que se deja sin efecto, el supuesto de movilidad forzosa. Porque en este documento enviado a los sindicatos –que se discutirá el lunes–, lo primero que se hace es aludir a la ley de empleo de Galicia de 2015 en el apartado que establece que los traslados son “de carácter voluntario” y mediante comisión de servicios. Es decir, nada de cambios forzados de puesto o de consellería.
Así se propone que cuando se necesite crear un grupo de trabajo –siempre dedicado a la gestión de fondos europeos– que requiera la participación de funcionarios de otros departamentos, la Xunta abrirá un plazo para presentar candidaturas y será el personal el que presente una solicitud para incorporarse.
Y la misma vía se utilizará para crear unidades administrativas nuevas, ya que sus plazas se cubrirán mediante comisión de servicios, es decir, de forma voluntaria.
“El complemento de productividad premia con un aumento de hasta el 20% sobre la retribución básica el apuntarse a uno de los grupos especiales de gestión de fondos”
Para animar a los empleados a involucrase en el esfuerzo añadido que supondrá la gestión de los fondos europeos, la Xunta detalla los tipos de incentivos que en la ley no estaban concretados. Uno es el complemento de productividad, ligado a la consecución de objetivos con tareas de especial complejidad en las que el esfuerzo e iniciativa del trabajador resulten decisivos. En este caso se propone un plus máximo del 20% de la retribución anual fija, sin contar antigüedad u otros complementos.
El segundo incentivo es una gratificación extraordinaria, indicada en tareas menos complejas en las que el factor determinante sea el tiempo de dedicación más que la iniciativa y el esfuerzo. En función de la escala, estas primas serán de entre 18,17 y 39,27 euros por hora extra para el personal funcionario. Para el laboral, se utiliza otro cálculo.
“El segundo nivel de incentivos, pensado para trabajadores que tienen que dedicar más tiempo que esfuerzo e iniciativa, estable el pago de entre 18 y 39 euros por hora extra”
“Está claro que ahora se va en sentido totalmente contrario a lo que se aprobó hace un mes, si bien sigue sin haber ninguna vocación de negociación porque el lunes se discute la propuesta y el miércoles, probablemente, ya la apruebe la Xunta”, se queja José Sánchez Brunete, de CSIF.
