Nueve años después de comenzar a trabajar en ella, la Xunta ultima una nueva normativa que facilitará el acceso a la vivienda protegida –elevando el umbral de ingresos para acceder a ella a 1.700 euros mensuales–, abrirá la opción incluso de la copropiedad entre particulares y administración y establecerá un registro de promotores para que la ciudadanía compruebe si han sido objeto de sanciones o condenas por su actividad antes de cerrar un negocio con ellos. El nuevo decreto que regula la vivienda pública será remitido a finales de mes o comienzos de abrir al Consello Consultivo, último trámite antes de la aprobación por parte del Gobierno gallego, que se produciría, por tanto, antes del verano.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas sociales agravados por el COVID. En el último lustro, por ejemplo, los alquileres se han encarecido un 25%, según los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Pese a ello, el mes pasado se produjo un descenso en el número de demandantes de un piso protegido en alquiler, debido, según las fuentes consultadas, a las dificultades para lograr un arrendamiento por la burocracia y los retrasos en las adjudicaciones, además de por la caída de la construcción de este tipo de residencias en Galicia.
En 2012, la Xunta comenzó a trabajar en una nueva normativa para facilitar el acceso a este tipo de viviendas, pero cuando cinco años después tenía casi listo el documento, enviado incluso al Consello Galego da Competencia para su evaluación, frenó en seco. Alegó entonces la necesidad de esperar a los cambios a nivel estatal en materia de vivienda para evitar problemas con esa regulación.
No fue hasta después del verano de 2019 cuando la Consellería de Medio Ambiente retomó la elaboración de una norma que rebaja las exigencias de renta para optar a este tipo de vivienda. En la actualidad, solo pueden acceder a ella quienes no superan 2,5 veces el indicador público de renta media (iprem), porcentaje que el decreto elevará a tres. De esa forma, el límite pasará de 1.412 euros mensuales a 1.694, según el índice correspondiente a este año.
“El decreto que se pretende desarrollar afecta a la vivienda protegida y a su adjudicación. Pretende una mayor simplificación de los procedimientos e intenta flexibilizar el régimen para adaptarse a la actual situación del mercado inmobiliario en general y de la vivienda protegida en particular, al tiempo que busca paliar los efectos de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos de la población, mediante el fomento de actuaciones que posibiliten el acceso de estos colectivos a la vivienda”, exponen desde el departamento dirigido por Ángeles Vázquez.
La norma priorizará la construcción de pisos de promoción pública en los concellos que rebajen a la mitad el IBI y prevé poder concertar esas viviendas para que, en lugar de que sean construias por el IGVS, este podrá firmar convenios con entidades públicas o privadas para que incorporen inmuebles ya edificados a la bolsa de pisos protegidos de Galicia.
También se podrá ceder inmuebles en propiedad durante 30 años a cambio de un canon, en el sistema conocido como derecho a superficie, también de nueva implantación.
Otra de las novedades radica en la copropiedad, camino inédito que se abre para familias con pocos recursos. El IGVS aportará entre el 20 y el 40% del valor, y el resto los nuevos propietarios. Así, pagarán una cuota de hipoteca más reducida y dispondrán de 30 años para adquirir la parte de la administración.
Descuentos
En los casos de problemas para hacer frente a las cuotas, la Xunta incrementará en tres años el plazo de amortización. Si se trata de vivienda en alquiler, podrá aplicar un descuento de hasta el 50% en función de la situación. Con esta norma, Medio Ambiente pretende actuar en un mercado “en el que se acusan tensiones entre la oferta y la demanda de la vivienda en régimen de alquiler, principalmente para los sectores con menos recursos”, estableciendo nuevas fórmulas de adjudicación. “Se trata de regular el régimen jurídico de las viviendas protegidas y su adjudicación”, finalizan fuentes de este departamento.
