Hace 62 años la rotura de la presa de Vega de Tera, en Zamora, provocó una riada en la que murieron 142 de los 532 habitantes del pueblo de Ribadelago. En 1982 se rompía otro embalse en Tous (Valencia) con nueve víctimas mortales. Fue a raíz de este último incidente cuando el Gobierno decidió implantar normas más severas para reforzar la seguridad en este tipo de infraestructuras y minimizar los posibles daños para las personas y los bienes en caso de accidente.
En 1996 se aprobó el Reglamento sobre Seguridad de Presas y Embalses que obliga a clasificar este tipo de instalaciones, sean de abastecimiento o hidroeléctricas, en función de su peligrosidad. Aquellas consideradas de riesgo alto y medio deberán elaborar planes de emergencia ante posibles roturas o averías graves. Sin embargo, veinticinco años después en la demarcación Galicia-Costa aún están pendientes de clasificar 11 de las 65 presas gallegas. De las 54 ya catalogadas según su riesgo, un total de 24 están obligadas a elaborar planes de emergencia, pero solo han cumplido con esta obligación 17.
Esto significa, que un tercio de los embalses de riesgo alto y medio todavía no dispone de mecanismos para proteger a la población ante un posible siniestro. Según la Consellería de Infraestruturas, cuatro de ellos se están tramitando, pero hay otros tres que ni siquiera han empezado.
Cinco de las siete presas sin plan de emergencia fueron catalogadas además como de riesgo alto. Entre ellas están el embalse de Zamáns que abastece de agua a Vigo, el de Pontillón do Castro, en Pontevedra, el de Barrié de la Maza (entre Negreira y Brión), el de Lourenzá (en la Mariña lucense) y el de Beche (en Abegondo). Las tres primeras presas ya han iniciado, sin embargo, la tramitación del documento para estar preparados ante posibles roturas o averías.
Otras dos centrales, la de Lavandeira (en Vimianzo) y la de Chímpara (en Cedeira) fueron clasificadas como de riesgo medio. Aunque también están obligadas a disponer de plan de emergencia, ninguna de ellas ha iniciado los trámites todavía.
Pero no son los únicos incumplimientos. Podría haber más embalses en Galicia obligados a contar con un plan de protección, pero faltan 11 infraestructuras que todavía non han asumido la obligación legal de clasificarse según su peligrosidad, pese a que la normativa de 1996 fijaba un año de plazo para hacerlo. En todo caso, Augas de Galicia aclara que las que faltan por catalogar son todas presas de menor tamaño.
Se aplica la categoría A, de máximo riesgo, a aquellas instalaciones cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales y producir daños materiales o medioambientales muy graves. Las de tipología B son aquellas que pueden ocasionar destrozos materiales o medioambientales importantes pero afectarían a un número reducido de viviendas. Y, por último, serían rde baja peligrosidad, en el nivel C, aquellas infraestructuras en las que los daños ante un eventual siniestro serían moderados y solo excepcionalmente se pondrían en riesgo vidas humanas.
Por ello, solo las presas catalogadas como A o B están obligadas a disponer de un plan de emergencia. Se trata de un documento en el que deben hacer un análisis de la seguridad de las infraestructuras y de las estrategias de intervención ante una rotura o avería. También tienen que determinar la zona inundable y los tiempos de propagación de la avenida. Además es obligatorio que fijen sistemas de alerta a la población en caso de riada mediante sirenas o campanadas.
Y la mitad de los grandes embalses no tienen normas de explotación
El retraso en la implantación de planes de emergencia no es la única tarea pendiente de los embalses gallegos. Las presas de gran tamaño tienen que aprobar unas normas de explotación, que incluyen, entre otras actuaciones, medidas de seguridad como un programa de auscultación de la infraestructuras así como inspecciones periódicas y garantías del mantenimiento de las instalaciones.
De los 65 embalses que hay en Galicia, un total de 28 son consideradas “grandes presas” y, por lo tanto, están obligadas a presentar estas normas de explotación. Pero, según la información de Augas de Galicia, de momento, solo la mitad, un total de 14, ya lo han aprobado. Entre el resto, hay trece que están en tramitación y una central que ni siquiera lo ha presentado. Entre las presas sin normas de explotación aprobadas están el embalse de Zamáns, en Vigo, el de Pontillón do Castro, que abastece de agua a la población de Pontevedra, y las centrales hidroeléctricas de Anllo en Campo Lameiro y Arroibar, también en Pontevedra. Tampoco lo tienen el embalse de A Ribeira y el Eume, en As Pontes de García Rodríguez, el de Santa Uxía, Ponte Olveira y Castrelo (en Dumbría y Mazaricos), el de Barrié de la Maza, entre Negreira y Brión, el de Barreiro (en Aranga), el de Rosadoiro (en Arteixo) y el de Beche (Abegondo). Las normas de explotación deben incluir una previsión de embalses, desembalses y resguardos, así como un plan de mantenimiento e informes de resultados de las revisiones y análisis general de la seguridad.
