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Antón Beiras cal | Economista, auditor y abogado tributarista

“La regularización de Juan Carlos I es un privilegio que no recibe ningún infractor”

“Hay empresarios en A Lama condenados a tres años por 150.000 euros”,dice este letrado que interpondrá una querella por prevaricación contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria

Antón Beiras

Antón Beiras

La Asemblea Republicana de Vigo, por mediación del abogado vigués, Antón Beiras, va a interponer una querella contra Dolores Delgado, Fiscal General do Estado, y Jesús Gascón, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por presunta prevaricación ante lo que califican como “una intolerable dejación de sus obligaciones ante los presuntos delitos fiscales cometidos por el rey emérito”.

–¿Por qué se presenta la querella?

–La querella se presenta porque hay dos instituciones que han quebrado el principio de igualdad. La Fiscalía y la Agencia Tributaria llevan trece meses investigando supuestamente al Rey pero no le comunicaron formalmente el inicio de la investigación o de las actuaciones inspectoras, con lo cual le regalaron un inmenso privilegio, que fue el de poder regularizarse con una excusa absolutoria en el ámbito penal. Con ese pago el rey sale incólume. Con cualquier otro ciudadano las investigaciones comienzan con una notificación oficial de la Agencia Tributaria o una querella de la Fiscalía. Esta comunicación interrumpe la prescripción en las sanciones y las liquidaciones.

–Es decir, a cualquier otro ciudadano no se le habría permitido esa regularización...

–Cualquier otro ciudadano llevaría 13 meses siendo investigado y estarían a punto de iniciarle juicio oral. La función de la Fiscalía no es investigar en abstracto y dejar prescribir los años porque cada año que pasa prescriben los impuestos de un ejercicio. Y entretanto el rey emérito hizo hasta dos regularizaciones. Es un escándalo mayúsculo. No hablamos de golfos, de las cloacas o de la policía patriótica sino de dos instituciones absolutamente respetables.

– ¿Si el infractor no fuera el rey emérito se enfrentaría incluso a años de cárcel por este fraude fiscal?

–Absolutamente. Tengo clientes que están cumpliendo en A Lama tres años de condena por 150.000 euros.

–¿Demuestra esto que no todos somos iguales ante la ley?

–Evidentemente, no somos iguales ante la ley. Este privilegio no lo recibe ningún otro infractor tributario más que Juan Carlos I. La crueldad de la Agencia Tributaria con el delincuente fiscal es absoluta, pero indispensable. Nada que ver con el trato de favor que recibió el rey emérito.

–¿Es esto un fallo de nuestro sistema democrático?

–En este país hay unas anomalías tremendas. No puede ser que dos instituciones como la Fiscalía y la Agencia Tributaria operen al margen de la ley. Es intolerable. Es devastador para una sociedad moderna. Hay que tener en cuenta el mal endémico que es la economía sumergida. ¿Y qué le voy a decir yo en el mes de junio a mis clientes cuando vengan a hacer la declaración del IRPF y me digan: a mí me la haces como la del rey emérito?

–¿Cree que detrás está el interés político de no dañar a la Corona?

–Donde hay patrón no manda marinero. En España ni de broma un director general de la Agencia Tributaria paralizaría un expediente al rey emérito si no tiene instrucciones de arriba. Yo creo que hay una responsabilidad política del Gobierno absoluta en este asunto. Pero dentro de la ley hay soluciones políticas. Se le puede indultar, se le puede amnistiar. La amnistía se puede aprobar incluso antes de que recaiga una sentencia firme o que se siente en el banquillo. No habría problema porque los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos sumarían. Pero habría que asumir el coste político de tomar esa decisión. Eso es lícito, lo que no es lícito es hacer lo que hicieron, eso es delito.

–¿Por qué no se detectó antes que había un fraude? ¿Miró para otro lado la Agencia Tributaria?

–La Agencia Tributaria no inició investigación formal a Juan Carlos I en ningún momento pese a la gravedad de las noticias que desde hace diez años nos llegaban de periódicos ingleses o suizos. Pero en Ginebra un fiscal abrió una investigación sobre el rey emérito y aquí en España se decidió también abrir una investigación, aunque es una investigación light, que no tiene efectos jurídicos porque no le fue comunicada a Juan Carlos I.

–¿Y cree que su querella tiene visos de fructificar?

–Creo que sí, aunque nunca se sabe porque podría ser inadmitida. Pero es muy difícil porque los hechos son públicos y notorios.

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