José Antonio Fandiño, al frente del Colegio de Procuradores de Vigo, es uno de los firmantes de la propuesta presentada por trece decanos de toda España al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para urgir un cambio legislativo que garantice el derecho de los procuradores a la desconexión digital, al menos tres días, en casos de fuerza mayor. Se refieren a los sistemas telemáticos Lexnet, Vereda y Avantius, las plataformas oficiales de Internet que el Ministerio de Justicia emplea en cada comunidad autónoma y por las que reciben y envían notificaciones y documentos de los procesos judiciales. El funcionamiento actual, denuncian, les obliga a estar operativos 24 horas y los 365 días del año, lo que conculca sus derechos laborales, profesionales y personales.
–Hace unos meses usted denunciaba que son las kellys de la Justicia. ¿Tan mal está la situación?
–La desconexión digital de tres días que exigimos por fuerza mayor, es una cuestión de humanidad. Hemos tenido casos muy duros, desde una compañera que ingresó en coma a otra que perdió a un hijo. Nosotros estamos enganchados 365 días al año, todo el colectivo, y no queremos suspender un juicio nunca y estamos dispuestos a sustituirnos. Pero que se muera un padre o un hijo y estés preocupándote de quien te puede hacer un juicio en vez de preocuparte por el entierro; o que te tengan que intervenir de urgencia... No queremos tener que ir con el ordenador encima en casos de fuerza de mayor. Lo que pretendemos es tener legalmente la posibilidad de suspender las notificaciones. Pedimos tres días para organizar las cosas sin que se nos pasen los plazos de nuestros clientes. Simplemente es eso, igual que los abogados tienen la posibilidad de pedir la suspensión, que nosotros podamos hacerlo por cuestiones graves.
“Estamos conectados a Lexnet los 365 días del año. Pedimos que en caso de ingreso en el hospital o muerte de un familiar directo, no tengamos que ir con el ordenador encima”
–De momento les resulta imposible conciliar trabajo y vida.
–Hay que tener en cuenta que el 80% de los procuradores trabajan solos –muchos sin empleados– y por eso se necesitan alternativas reales y sencillas para afrontar momentos de fuerza mayor.
–Han remitido la propuesta al Ministerio de Justicia...
–¡Y al de Trabajo, que algo tendrá que decir! El Ministerio de Justicia lo tiene fácil, se trata de modificar dos artículos, uno de la ley de enjuiciamiento civil y otro de la ley orgánica. Así se pondrían en circuito los sistemas que tenemos como colegio para poder designar sustitutos. Alguien tiene que hacerse cargo de tus asuntos, pero al menos que faciliten tres días para poner en funcionamiento la maquinaria.
–La revolución digital venía a facilitar las cosas...
–En nuestro caso facilita algunas cuestiones, pero nos complica mucho la vida. La situación es muy complicada, Lexnet no te da los avisos correctos en cada momento y, aunque se ha mejorado mucho, aún estamos a años luz del sistema informático de cualquier otro organismo público. La Justicia es la hermanita pobre en todo. En otras comunidades que tienen otros sistemas informáticos ya funciona el expediente digital y puedes seguir los casos, pero en Galicia estamos lejos. Nuestro sistema se cae muchas veces, incluso varios días.
–Si el ministro de Justicia no les hace caso. ¿Irán a los tribunales?
–Bajo mi punto de vista y en el supuesto de que no se atienda nuestra reivindicación, que me parece un derecho esencial y fundamental para cualquier trabajador, habrá que ver otro tipo de medidas, evidentemente. Yo estoy muy por la labor de impulsar este tema. Ya no me vale que me digan que vamos a tener una reunión. Esto hay que solucionarlo ya. Hay que modificar dos artículos, no estamos reclamando más competencias, no tiene que ver con la reforma de la Justicia que buena falta le hace, ni tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos.
