José y Lola afrontaron la vejez pensando en el reparto de la herencia entre sus siete hijos, aunque una de ellas falleció también y testó su parte a sus dos hijas. Entre esas ocho personas se dividieron no solo la casa familiar, situada a cuatro kilómetros de Malpica, en el corazón da Costa da Morte, sino también múltiples fincas rústicas distribuidas por los montes de la zona.
Alguna fue testada a medias entre dos hermanas, otra a una tercera en su totalidad y alguna parcela entre varios. Esta historia se ha repetido durante los últimos años, dejando como consecuencia una fragmentación de la propiedad en el rural gallego en niveles récord. Nunca hubo registro de tantos dueños de un terreno rústico como ahora (1.732.740 personas y/o sociedades), a pesar del declive demográfico de la comunidad, acentuado lejos de los ámbitos urbanos, y de la falta de relevo generacional en el sector primario. El último año de pandemia esa cantidad creció en 11.136 nuevos titulares catastrales, que poseen una media de 6,4 parcelas cada uno.
“Es verdad que hay un aumento de los titulares de fincas rústicas, pero no de las parcelas"
"Es debido, fundamentalmente, a las herencias que deja una persona y que se reparten 3 ó 4 hijos. Donde antes había un propietario de una parcela, ahora hay esos 3 ó 4. Es lógico que se dé ese proceso”, explica Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo.
Las cifras de la Dirección General del Catastro revelan una creciente fragmentación de la propiedad en el rural en Galicia, con 220.000 propietarios más que en 2008, a pesar de que durante ese período la comunidad perdió casi medio millón de parcelas debido a concentraciones parcelarias y demás operaciones que trataron de combatir el minifundismo y la excesiva división entre propietarios (en el último año se registraron 35.022 menos).
Galicia, por tanto, pierde población en el rural, pese a que ganó ciudadanos el año pasado rompiendo la tendencia a su adelgazamiento, y trabajadores que vivan de cultivos agrícolas o forestales, pero las fincas cada vez están repartidas entre un mayor número de manos, lo que dificulta el aprovechamiento del monte y las fincas.
“Vivimos un cambio generacional y eso no ayuda a movilizar los terrenos. Y el minifundio agrava esa situación, además de que no es legal dividir, por ejemplo, las parcelas forestales”, comenta Picos, que añade otra problemática. “En muchos casos, los notarios y registradores de la propiedad no incorporan a las herencias determinadas parcelas rústicas. Muchos herederos no saben ni dónde están, si hay cargas, no quieren asumir esos terrenos y eso fomenta el abandono. Además, hay una tendencia a que cada vez haya más titulares catastrales que viven más lejos de las explotaciones o las fincas, porque la mayor parte de herederos vive en entornos urbanos o semiurbanos”, comenta.
En este punto, urge nuevos modelos de aprovechamiento del terreno, como el que explora la Xunta a través de una nueva legislación que está en tramitación. “La ley de movilización de tierras agrarias busca modelos alternativos, como la agrupación de la gestión compartida por parte de empresas o propietarios con fórmulas como el alquiler a cambio de una renta o el reparto de lo obtenido. El problema es que hay mucho desconocimiento, pero la norma contiene buenos elementos, como que la Xunta investigará de oficio la propiedad de algunas fincas y las tutelará o permitirá intercambios”, defiende.
Esa nueva normativa “permitirá desbloquear muchos proyectos con garantías de que si aparece el legítimo propietario se le devuelve. Pero ese proceso de búsqueda e identificación no impedirá la gestión. Hay que buscar más fórmulas que las clásicas y además fomenta que la administración sea proactiva”, concluye, no sin antes reclamar que el Catastro siga depurando sus censos y coordinándolos con los del registro de la propiedad.
“La concentración parcelaria cumplió su papel”, sostiene Picos
Uno de los procesos administrativos que aspiraba a combatir el minifundismo en Galicia era la concentración parcelaria, pero su efecto sobre la fragmentación de la propiedad parece haberse agotado, según la opinión de Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Vigo y uno de los mayores expertos en el sector de Galicia. “La concentración parcelaria cumplió su papel, pero no su recorrido no va mucho más allá. Es una vía muy cara, además, con un coste por hectárea de 2.000 o 3.000 euros. Sirve si tenemos mucha superficie y muchas parcelas, pero lo que tenemos es muchos propietarios con muy poca superficie, con una media de 0,5 o 1 hectárea. “Si no lo exploto, no me importa”, piensan muchos. La concentración funcionó donde había gente con superficies grandes y dispersas”, relata.
Casi 37.000 titulares poseen más de medio centenar de fincas
Más de 1,7 millones de titulares se reparten 11.109.670 fincas rústicas en Galicia, a una media de 6,4 parcelas cada uno, pero el Catastro detalla que la mayor cifra no llega a esa cantidad. Según las estadísticas del año pasado, 36.603 personas poseen más de 50 bienes; 84.085, entre 26 y 50; 202.810, entre 11 y 25; 208.330, entre 6 y 10; 71.554, 5; 95.845, 4; 134.755, 3; 236.585, 2 y 662.173, apenas una única parcela. El valor catastral de todas esas propiedades rústicas, dedicadas a tareas agrícolas, forestales, ganaderas o silvícolas, pasó de 5.085 millones de euros a 5.107, aunque no se corresponde con el valor de mercado.
