El pleno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei (Lugo), gobernado por el popular José Pardo, aprobó por unanimidad reclamarle a la Iglesia los 46 bienes inmatriculados con la ley hipotecaria que impulsó en su día José María Aznar en el Gobierno.

La reclamación partió del BNG, que logró que esta moción fuera aprobada en un pleno en el que el portavoz del grupo nacionalista, Xosé Ferreiro, avanzó que con esta acción se “intentan recuperar los bienes públicos propiedad de la Iglesia y que registró sin ningún tipo de documentación acreditativa, que son de uso público pero no dedicados al culto religioso”.

El nacionalista ha desgranado que se trata, sobre todo, de “aparcamientos, campos de la fiesta, incluso caminos que la Iglesia al amparo de la ley de Aznar se apropió indebidamente de ellos”.

Tras la aprobación, el Consistorio “deberá reclamar” y recuperar “por la vía precisa este tipo de bienes para lo que es el patrimonio público” y se da un plazo de un año “para que actúe en consecuencia y reclame esos bienes”.

Además, añade, hay casas rectorales que, aunque no son de uso público, “fueron construidas con aportaciones de los vecinos y en la época franquista eran de todo menos voluntarias”. “Esos bienes tienen que volver al patrimonio público”, demandó el nacionalista.

Ferreiro puso especial énfasis en la casa rectoral del municipio, que se va a destinar a un centro de día y que tuvo que comprar y pagar el ayuntamiento de Outeiro de Rei.

El alcalde, del PP, José Manuel Pardo, llegó a un pacto con el BNG para aprobar las reclamaciones, que excluyen los lugares de culto y propiedades privadas, por lo que el pleno municipal aprobó por unanimidad la moción encaminada a revertir posibles inmatriculaciones “incorrectas” de la Iglesia. Para ello el concello tendrá que acreditar que se trata de bienes de patrimonio público.

El Ayuntamiento tiene en marcha un acuerdo con el Obispado para elaborar un listado de los bienes de culto de la Iglesia y su delimitación, precisamente, encaminado a este mismo objetivo. José Pardo incidió en que iglesias y cementerios “son y deben ser del Obispado”, pero no descarta que puede haber alguna inmatriculación incorrecta.

Confía también en llegar a algún acuerdo respecto a espacios públicos, de forma que su propiedad pueda revertir al Ayuntamiento. A tenor de lo acordado en el pleno municipal, ahora hay un año para intentar alcanzar un acuerdo con la Iglesia, o bien tendrán que plantear una demanda judicial.