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Feijóo y Pontón se enzarzan por el 23-F con acusaciones de “radical” y “trumpista”

El titular de la Xunta tacha de “bochorno” que el BNG cuestione el “régimen del 78” | Transportes pide a Galicia asumir el 50% del peaje en la sombra de Rande y A Barcala por orden judicial

La líder nacionalista se salta la distancia de seguridad. Pontón rompió el protocolo antiCOVID al acercarse al escaño de Feijóo para entregarle sus propuestas para aprovechar fondos europeos de recuperación, pese a la protesta del presidente del hemiciclo, Miguel Santalices, que le reprochó su actitud. “Para eso bájense las mascarillas”. “Si necesita hacerse una foto conmigo, no hay ningún problema”, ironizó Feijóo. | XOÁN ÁLVAREZ Xoán Álvarez

Mientras la pandemia pierde fuerza, pero sigue matando a ciudadanos, la política destina parte de su atención a debatir sobre la calidad democrática del Estado tras ser cuestionada por el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. La cuestión se agudizó el 23-F, cuando varias fuerzas aprovecharon el 40º aniversario del fracaso del golpe de Estado de Tejero para cuestionar el relato oficial. A raíz de esa cuestión, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, y Ana Pontón, líder del BNG, se enzarzaron en un cruce de descalificaciones. El primero la culpó de capitanear al Bloque “más radical y lamentable”, por aliarse con Bildu y ERC, y la segunda le reprochó su contumacia en ejercer de “oposición de la oposición” y convertirse en ejemplo de “trumpismo”, debilitando las instituciones gallegas.

Al homenaje en el Congreso al triunfo de la Transición sobre la intentona golpista del 23-F el martes no acudieron varios grupos políticos, que emitieron un comunicado cuestionando el relato oficial y pidiendo romper con el “régimen del 78”. Esta alianza incluía al BNG, la CUP, ERC, Bildu, PdeCat y Junts. “Es bochornoso”, definió Feijóo ese pacto.

“El BNG más radical y lamentable de la historia de Galicia es el que usted encabeza: nunca ningún portavoz del BNG hizo lo que usted hace o, por lo menos, consiente“, acometió Feijóo, que consideró menos “radicales” los liderazgos de Xosé Manuel Beiras (pese a su histórico zapatazo en O Hórreo) y Anxo Quintana.

Régimen del 78

“Creen que la democracia, la Transición, la Constitución y el Estatuto de Autonomía son un régimen”, añadió Feijóo sobre un término que se refiere a cualquier sistema político, pero contiene un matiz autoritario.

La réplica de Pontón no se quedó atrás y acusó al también líder del PPdeG de “ningunear al Parlamento”, “improvisar” la gestión de la pandemia, pese a que Galicia muestra de los índices de mortalidad más bajos, y ejercer de dinamitador de la política, “enlodando” el debate. “Viene aquí a hacer trumpismo para esconder que no tiene propuestas para el país”, resumió.

PP y PSOE

La nacionalista también aprovechó para pescar votantes en el rifirrafe previo entre Feijóo y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. “Como siempre se culpan mutuamente”, resumió sobre su careo a propósito de las rebajas de peajes en la Autopista do Atlántico (AP-9), que el Gobierno central aún no ha aplicado, pese a su promesa y a que el propio Bloque lo incluyó como contrapartida a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Caballero culpó de unos peajes “abusivos y lesivos” a la última prórroga de la concesión decretada por el Gobierno de Aznar (PP) hasta el máximo legal, 2048, y al bloqueo a la transferencia a Galicia de la titularidad de la vía por el Ejecutivo de Rajoy (PP), aunque el de Pedro Sánchez aún no ha concfretado esa decisión.

Feijóo respondió al ataque, revelando un requerimiento del Ministerio de Transportes en el que pide a Galicia que asuma la mitad del coste de la gratuidad de los peajes de Rande (Vigo) y A Barcala (A Coruña), lo que Feijóo cifró en 400 millones. “Es la primera vez que un Gobierno de España, con membrete de un ministerio le pide a Galicia que pague a Audasa”, espetó, aunque el motivo de esa reclamación es que una sentencia firme obliga a reponer el convenio que fijaba un pago a la concesionaria al 50% entre ambas administraciones. Se había anulado para eximir a la Xunta.

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