La Diputación de A Coruña recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que permite al erario público recuperar la propiedad del pazo de Meirás, pero obliga al Estado a indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos de mantenimiento desde 1978. Su objetivo es “hacer justicia”.
Así lo expusieron ayer los diputados Bernardo Fernández y Xosé Luís Penas, en una decisión que contradice la postura de la Abogacía del Estado, renuente a recurrir el fallo al entender que beneficia sus intereses: recuperar la propiedad.
La diputación considera que los Franco “ya se beneficiaron durante muchos años a nivel particular”.
