De los casi 8.000 kilómetros de costa con que cuenta España, 1.500 corresponden a Galicia. Su geografía está marcada por el litoral y también por las construcciones que se levantaron a pie del mar. Sin embargo, un buen número de ellas están en desuso o en mal estado de conservación y el proceso de rehabilitación para darles una segunda oportunidad es sumamente compleja por encontrarse dentro del dominio público marítimo-terrestre y exigir, para devolverles la vida, un engorroso trámite regulado por la Ley de Costas. Por eso, la Xunta propondrá al Gobierno una modificación de la legislación “para devolver el valor patrimonial” a los inmuebles situados en el litoral gallego y permitir, de forma más ágil y fácil, que puedan reformarse y destinarse tanto a usos privados –residenciales o turísticos– como públicos. El mosteiro de Oia, uno de los monumentos más significativos de la costa pontevedresa, podría encontrar en esta reforma de la ley una vía para impulsar su proyecto como establecimiento de hostelería y turismo, paralizado desde hace años.
Para justificar su demanda, la Xunta ha elaborado un catálogo con 361 inmuebles –agrupados en 299 conjuntos de bienes– que podrían beneficiarse de su propuesta de modificación de la Ley de Costas. De ellos, el grupo mayoritario pertenece a la provincia de A Coruña, con 191 bienes, seguida de la de Pontevedra, con 89, y la de Lugo, con 19.
Uno de las construcciones más icónicas recogidas en el catálogo de la Xunta es el mosteiro de Oia, localizado en el dominio público marítimo-terreste y, por tanto, competencia del Estado. Se trata de un conjunto de edificaciones que en 2004 pasó a manos de un grupo inversor privado que –según relata el Gobierno gallego en la ficha del catálogo dedicada a este monumento– cuenta con desarrollar un proyecto de hostelería y alojamiento turístico, consolidando por fases las partes más deterioradas del mismo, ya que hay algunos elementos completamente en ruinas. No obstante, la rehabilitación integral se encuentra paralizada por los obstáculos administrativos.
Entre los tipos de edificaciones señalados por la Xunta como bienes potencialmente recuperables con la reforma de la Ley de Costas que plantea, figuran molinos (de río, de mareas o de viento), construcciones residenciales, faros, castillos, casas rectorales, escuelas, monasterios, fábricas, conserveras, cetáreas, secaderos y establecimientos de ocio y hostelería.
En el caso de la provincia de Pontevedra, entre estos inmuebles a los que se les pretende dar una segunda o tercera oportunidad, están también el molino de viento de A Guarda –reconstruido en 1987–, una conservera con embarcadero en Poio, una antigua escuela en a Illa –reformada en 2017–, un edifico de viviendas en Pontecesures o un molino de playa en Loira (Marín).
En realidad, la Xunta propone una doble modificación de la Ley de Costas. Por una parte, pretende dejar claro, a través de la disposición transitoria décima del reglamento general de costas, que el cambio de destino de un edificio en servidumbre de protección que inicialmente tenía un uso residencial de vivienda y que, posteriormente, se quiera dedicar a uso hostelero, o viceversa, no puede entenderse como un cambio de uso, “sino como una continuación del mismo”.
El segundo cambio está orientado a facilitar las reformas y rehabilitación en todos los bienes del litoral que no sean BIC pero sí gocen de algún tipo de protección, porque la fórmula vigente para intervenir esos edificios abandonados es tremendamente compleja, pues establece un cauce extraordinario que exige como paso previo la autorización del Consejo de Ministros.
El Gobierno gallego sostiene que con estas modificaciones se facilitaría la recuperación de construcciones en el litoral que actualmente no están operativas y en muchos casos, padecen un grave estado de abandono o ruina, a pesar de que en el pasado desarrollaron una actividad económica o social importante para los gallegos.
Además, según la Xunta, se daría mayor seguridad jurídica para permitir la autorización de usos residenciales, hosteleros, recreativos o equipamientos, públicos o privados en construcciones tradiciones preexistentes a la Ley de Costas de 1988.
