El modelo de financiación local rige en España desde 2004 y es motivo constante de queja por parte de los ayuntamientos gallegos, ya que consideran que resultan perjudicados de forma sistemática en los fondos anuales que reciben del Estado para nutrir sus arcas. De hecho, siempre figuran en el vagón de cola de las comunidades en cuanto a estos ingresos medidos en euros por habitante. Pero en 2018, último año con las liquidaciones definitivas realizadas por el Ministerio de Hacienda, Galicia ha vuelto a perder peso y es la cuarta autonomía en la que los municipios reciben menos transferencias del Estado por habitante: 226,7 euros. En 2017 ocupaba la sexta posición por la cola, pero le han superado La Rioja y Baleares.
Una de las fuentes de financiación de las entidades locales la constituye su participación en los ingresos del Estado (PIE). Son los fondos que cada mes le envía, como entregas a cuenta, el Gobierno central procedentes de la recaudación prevista por los distintos impuestos de carácter estatal. En 2018, los concellos gallegos recibieron por este concepto 612 millones de euros.
Pero este modelo, vigente desde hace más de tres lustros, resulta ventajoso para los territorios con grandes ayuntamientos. Cuanta más población tiene un municipio, más dinero recibe, pero en una proporción mayor que la puramente aritmética.
Por contra, las comunidades con ayuntamientos de menor tamaño resultan perjudicadas en el reparto. De ahí que los concellos gallegos recibieran de media en 2018 solo 226,7 euros por habitante de ingresos por su participación en la recaudación de los impuestos estatales. Una cifra muy alejada de la media nacional, cifrada en 281,6 euros, según las cuentas de la Federación Galega de Municipios e Provincias.
Al frente se sitúan las autonomías con los ayuntamientos más poblados y ciudades con más de 500.000 habitantes. A la cabeza figura Madrid, con 378,3 euros per cápita, seguida de Cataluña, con 340,5; y Aragón, con 315,4 euros.
Galicia, por su parte, aparece como la cuarta comunidad con los ingresos por habitante más bajos, por encima de Murcia (223,7 euros), Extremadura (207,6) y Castilla-La Mancha (203,6).
Los motivos de la caída
Pero si el modelo de financiación no ha cambiado desde 2004, ¿qué ha pasado para que Galicia pierda dos posiciones? La razón está en que el reparto de los fondos se calcula sobre tres criterios, la evolución de la población, el esfuerzo fiscal y el llamado inverso de la capacidad tributaria.
Y esta última pata es el principal motivo de la caída de los ingresos por habitante. Porque el sistema prevé un descenso de la aportación del Estado cuando un concello tiene más capacidad para subir los impuestos, dado que se interpreta que lo que deja de recaudar procedente del Gobierno central lo compensará con un incremento de sus tributos propios.
Así, en los últimos años el Ministerio de Hacienda actualizó los valores catastrales –base para el cálculo del IBI–, permitiendo a los ayuntamientos, al menos en teoría, cobrar más por este impuesto. Pero en Galicia, como norma general –según fuentes de la Fegamp–, los alcaldes son reacios a aplicar subidas al IBI y además, aunque lo hicieran, como los valores catastrales están bastante por debajo de la media nacional, tampoco sería suficiente para compensar el menor volumen de las entregas a cuenta.
Así que la revisión catastral de los últimos años ha provocado, en último extremo, que Galicia pierda posiciones en la participación por habitante de los ingresos del Estado y que entre 2017 y 2018 Baleares y La Rioja hayan superado a los ayuntamientos gallegos.
Déficit histórico
Este sistema es calificado como “perverso” por la Fegamp, dado que resulta muy perjudicial para territorios como Galicia. En su asamblea de 2019 el órgano municipalista gallego ya se hacía eco de esta discriminación. “El análisis del modelo implantado en 2004 y vigente a día de hoy denota multitud de ineficiencias que se fueron acrecentando a lo largo del tiempo. Los criterios técnicos utilizados están generando desequilibrios evitables”, se recogía en las propuestas aprobadas por la Fegamp en esa asamblea.
Y ponían además cifras: “Los criterios fueron muy perjudiciales para los concellos gallegos que acumulan desde entonces un diferencial negativo respecto a la media nacional que supera los 1.700 millones, cuantificado en euros por habitante. Los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes –no hay ninguno de este tipo en Galicia– triplican cada año lo que perciben de media los menores de 20.000 habitantes en términos per cápita”.
Cerrada la liquidación definitiva de 2018, la aportación del Estado a los ayuntamientos gallegos fue de 612 millones de euros, una vez ajustado el diferencial entre la previsión de recaudación y el cobro real de los impuestos.
En 233 concellos la liquidación fue positiva. Es decir, además de las entregas a cuenta recibidas cada mes, al final de año su sumaron 17,5 millones adicionales, dado que les correspondía más dinero de la PIE de lo que se había calculado inicialmente. Pero otros 80 percibieron más de lo debido, por lo que a partir de ahora tienen que devolver esos fondos, si bien la cantidad es menor, pues Hacienda la cifra en solo 2,5 millones de euros en total.
