La pandemia no frenó a las organizaciones gallegas del narcotráfico, que durante el confinamiento aprovecharon para introducir miles de kilos de cocaína por las costas de Galicia. Las fuerzas antidroga se incautaron de tres grandes alijos marítimos e impidieron la llegada al mercado de casi diez toneladas de droga.
El primer gran alijo del año pasado en Galicia caía el 28 de marzo y no fue fruto del azar, sino de una baliza instalada justo un año antes en una narcolancha –con autorización judicial– durante unas diligencias previas contra un grupo de narcos que no dieron resultado y se archivaron de forma provisional. También de un testigo protegido, cuya pieza judicial sigue siendo secreta y de varios vecinos de A Guarda que alertaron de la llegada a puerto de gente sospechosa en una zódiac, según recoge el auto de procesamiento dictado por la jueza de Instrucción 1 de Cambados, encargada de la investigación.
El dispositivo de geolocalización por sistema global de navegación por satélite instalado en los pertrechos de una planeadora sospechosa no pudo retirarse al archivarse la causa porque la organización había ocultada la lancha y el dispositivo estaba inactivo, por lo que según la Fiscalía, “no pudo anularse ni desactivarse” al desconocerse su ubicación y no tener acceso a la embarcación.
Pero justo un año después, en marzo del año pasado, la alerta se activó al meter en el mar una lancha que se había pertrechado con los aparejos de la embarcación balizada inicialmente. Avisaba de que estaba en marcha una descarga de droga y el 25 de aquel mismo mes la jueza autorizó otra vez la baliza.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados ha desestimado las peticiones de nulidad presentadas por las defensas en relación al dispositivo y da la razón al fiscal que argumenta que “en cuanto hubo señales se dio cuenta a la autoridad judicial y se interesó que, ante los nuevos hechos, autorizase de nuevo el dispositivo que nunca operó sin autorización judicial como medio de seguimiento y localización de los investigados”.
La jueza ha decidido procesar a diez de los 14 investigados inicialmente. Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran dos arousanos sorprendidos de madrugada en una furgoneta, pese al confinamiento y sin ninguna justificación, que supuestamente eran los encargados de recoger el alijo cuando llegara a tierra. La jueza –en contra de la opinión del fiscal– encuentra que no apareció durante la instrucción, incluidos los registros en sus viviendas, ningún otro indicio contra ellos.
En la madrugada del 28 de agosto del año pasado, dos narcolanchas recogieron en alta mar unos 3.500 kilos de cocaína que habían cruzado el Atlántico a bordo del velero Benirrás, pero sus tripulaciones las embarrancaron y las abandonaron en Cambados y Aguiño al verse descubiertos con miles de kilos de coca a bordo. Durante la persecución marítima los tripulantes lanzaron algunos fardos al mar y tras embarrancar las planeadoras en Ribeira y Cambados huyeron a pie dejando 72 fardos a bordo, con un peso de más de 1.500 kilos cada uno. Apenas unas horas después varios de tripulantes eran detenidos, empapados y con el neopreno puesto cerca de O Grove. En las lanchas dejaron bolsas impermeables con ropa y hasta documentación personal.
Al día siguiente en A Guarda eran detenidos los tres tripulantes del Benirrás: un vecino de la comarca de Arousa, el peruano Oswaldo Tapia –que viajaría a bordo como notario del cártel dueño de la droga– y el histórico narco Antolín Fernández Pajuelo, a quien la investigación sitúa como patrón de la travesía del velero desde Sudamérica a Galicia y responsable de su hundimiento frente a la costa de su pueblo una vez que las planeadoras recogieron el alijo. También fue detenido su hermano Alberto y otra persona que les prestaron ayuda cuando llegaron en la zódiac del velero al puerto de A Guarda.
Precisamente su llegada vestidos con el neopreno y portando unas bolsas impermeables de gran capacidad, despertaron suspicacias y de forma anónima se alertó a la Guardia Civil. De hecho en el antiguo bar La Guagua de Alberto Fernández Pajuelo, una patrulla de la Guardia Civil descubrió en un patrio varios neoprenos y calzado secándose, así con grandes bolsas negras impermeables, tipo saco, similares a las que describieron quienes dieron la alerta.
Escondido en un altillo del antiguo bar, las fuerzas de seguridad encontraron oculto a Antolín Fernández Pajuelo, considerado responsable de la rama de la organización de A Guarda. Carlos Silla, el vilagarciano a quien se considera cabecilla del grupo arousano y se atribuye la coordinación y financiación de la operación, logró eludir el cerco policial y todavía sigue fugado de la Justicia.
Fianza solidaria de 676 millones de euros
El auto de la jueza de Cambados declara procesados a Carlos Silla y Antolín Fernández Pajuelo como máximos responsables del alijo intervenido en una operación conjunta de Policía Nacional Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera y ocho personas más por la presunta comisión de un delito contra la salud en su modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud, de extraordinaria gravedad por la cantidad de droga intervenida –valorada en 126 millones de euros– y por el uso de embarcaciones “específicamente destinadas al narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal”. Además de ratificar la prisión provisional para cuatro de los diez procesados, impone el depósito de una fianza conjunta y solidaria de 676 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles. De no hacerlo, cosa bastante probable dado el importe fijado y que la mayoría se declararán insolventes, ordena el embargo de sus bienes “en cantidad suficiente” para asegurar la suma señalada”.
FIANZA SOLIDARIA DE 676 MILLONES DE EUROS
El auto de la jueza de Cambados declara procesados a Carlos Silla y Antolín Fernández Pajuelo como máximos responsables del alijo intervenido en una operación conjunta de Policía Nacional Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera y ocho personas más por la presunta comisión de un delito contra la salud en su modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud, de extraordinaria gravedad por la cantidad de droga intervenida –valorada en 126 millones de euros– y por el uso de embarcaciones “específicamente destinadas al narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal”. Además de ratificar la prisión provisional para cuatro de los diez procesados, impone el depósito de una fianza conjunta y solidaria de 676 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles. De no hacerlo, cosa bastante probable dado el importe fijado y que la mayoría se declararán insolventes, ordena el embargo de sus bienes “en cantidad suficiente” para asegurar la suma señalada”.
