El rechazo al plan del Gobierno central para prohibir la caza del lobo ibérico en todo el territorio, sin adecuar el veto a las características de cada autonomía, ha unido a PP y PSdeG incluso en plena resaca de las elecciones catalanas, donde sus resultados han sido antagónicos. En un gesto casi inédito, los socialistas liderados por Gonzalo Caballero se han desmarcado de la línea impulsada por el Ejecutivo presidido por su jefe de filas, Pedro Sánchez, y se han sumado a una iniciativa de los populares de la que se ha descolgado el BNG, si bien los tres grupos gallegos coincidieron en la necesidad de que sean las comunidades del Noroeste, donde se asientan la mayoría de las 297 manadas de esa especie contabilizadas, las que lideren una actuación consensuada con ganaderos, colectivos ecologistas y veterinarios.
La Cámara gallega fue escenario de la alianza entre populares y socialistas ante una propuesta de los primeros en comisión parlamentaria sobre esta cuestión, presentada un día después de que las comunidades se reuniesen telemáticamente con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar la decisión de este departamento de incluir al lobo en el listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (Lesrpe), que supone el veto a su caza. A esa norma, se opusieron Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que concentran el 95% de manadas.
El PP y el PSOE apoyaron, ante la abstención del BNG, instar a la Xunta a mostrar su “disconformidad con la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico” al norte del Duero en este listado y a exigir “paralizar el proceso y mantener el estatus actual legal” de esas manadas.
Unanimidad en otros puntos
Sí existió unanimidad parlamentaria en el seno de la comisión celebrada ayer en torno a otros tres puntos relativos al lobo. PP, PSdeG y BNG avalaron el deseo de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de “liderar la estrategia nacional para la conservación del lobo”, así como agilizar la actualización de censos del animal y un nuevo mapa de su presencia en la comunidad.
A propuesta socialista también aprobaron incrementar el presupuesto de este año para cubrir los daños causados sobre el ganado de los cánidos “en un plazo adecuado” y con una cuantía actualizada.
La polémica ha encendido los ánimos de las citadas comunidades del norte, que consideran injusto que se aplique el mismo trato a todo el territorio cuando ellas acaparan el 95% de las 297 manadas existentes. La postura de Galicia y sus aliadas fue incluso respaldada por Madrid o País Vasco en la reunión con Ribera del lunes por temor a una expansión de los cánidos a sus propios territorios.
La intención del Gobierno central de vetar la caza del lobo pretende favorecer la recuperación de la especie y que en 2030 aumente un 18% alcanzando las 350 manadas, pasando de estar presente en un 10% del territorio estatal al 20%, alcanzando áreas en las que ahora no reside, como el sur o el levante, según en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, revelado por Europa Press.
Partidos
La popular Marisol Díaz Mouteira tachó la decisión de Transición Ecológica de “carente de todo sentido” e incluso dudó de su legalidad, al tiempo que lamentó que ponga “en pie de guerra a propietarios de 2.500 explotaciones ganaderas en Galicia.
El socialista Martín Seco lamentó los hasta dos años de retraso en el pago de ayudas de la Xunta a afectados, pero justificó su enfrentamiento con el Gobierno central al exponer que la política sobre el lobo debe aplicarse con “acuerdo” con las comunidades que acogen al 95% de la especie.
Quien se descolgó del pacto y, por tanto, quedó como único aval de la postura del Ejecutivo central fue el BNG. Su diputado Luís Bará lamentó el “alarmismo” y la ”lobofobia” que culpan al animal de “todos los males del rural” y puso el foco en la “falta de medios de la Xunta” en su apoyo a los agricultores.
