El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso un listado, que hasta ahora permanecía oculto, con 34.961 nuevos inmuebles inmatriculados a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 con el respaldo de la Ley Hipotecaria de Aznar. Con este paso se abre la vía a posibles impugnaciones sobre la titularidad de miles de ellos, ya que con la publicación del registro se puede iniciar el proceso de reclamación tanto por parte de particulares como de entidades jurídicas o administrativas que estimen tener derechos previos de propiedad. Entre estos bienes hay 20.014 “templos de la iglesia católica o dependencias complementarias”, mientras que las otras 14.947 inscripciones “no se relacionan con estos usos”, sino que se trata de “solares, viviendas o locales”, según explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
En los últimos veinte años inmatriculó en la comunidad 2.747 templos y más de 4.000 solares y viviendas | Se abre el proceso de reclamación por parte de particulares
En concreto, 30.335 bienes fueron inscritos en virtud de certificación eclesiástica tal y como permitía la Ley Hipotecaria hasta 2015, pero otros 4.626 inmuebles lo hicieron con otro título distinto y “bastante insuficiente para la demostración de la propiedad”, según la vicepresidenta.
Una de cada cinco inmatriculaciones que la Iglesia Católica ha realizado en estos 17 años corresponde a Galicia, donde se registraron 7.131 nuevos bienes inmuebles, de los que 2.747 responden a templos y otras dependencias complementarias como cementerios, atrios, casas rectorales, seminarios, conventos y colegios, y 4.384 incluyen otro tipo de bienes, como huertas, terrenos de labradío, solares, pisos, plazas de garajes, locales y algún chalé. Casi todos cuentan con el título de certificación eclesiástica, mientras 921 corresponden a títulos distintos de propiedad.
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Entre los bienes incluidos en el nuevo listado se incluyen numerosas iglesias, ermitas y parroquias, así como la catedral de Santiago, la colegiata del Sar o el Seminario de Compostela; también las catedrales de Lugo y de Ourense, así como el convento de Las Esclavas en la ciudad de As Burgas. A este patrimonio histórico artístico se suma en Cambados las ruinas y el cementerio de Santa Mariña Dozo. A Coruña figura como la provincia gallega con mayor número de bienes inscritos por la Iglesia desde 1998, con un total de 2.669 fincas, seguida por Ourense, con 2017; Pontevedra, con 1.380 y Lugo, con 1.062. En el rural, además, se anotó otras propiedades, como carballeiras, pinares y has campos de fiesta. La Diócesis de Lugo cuenta en Lalín, Dodro y A Estrada con distintos bienes inmuebles, sobre todo fincas, mientras que el Arzobispado de Santiago dispone de varios garajes y fincas en la concentración parcelaria de Marín.
Las inmatriculaciones de la Iglesia en Vigo son escasas. Entre las 66 inscripciones en el registro de la propiedad en los últimos veinte años figura la Iglesia de la Inmaculada Concepción, o las capillas e iglesias de Doña Fermina, Bembrive, Candeán, Mosteiro y Arnela. Pero también la Diócesis de Tui-Vigo ha inscrito varios pisos en Aragón o Doctor Corbal.
La gallega, la segunda comunidad con más fincas inmatriculadas tras Castilla y León
Galicia, con un 20% del total, es la segunda comunidad con más fincas inmatriculadas por la Iglesia Católica tras Castilla León, con 10. 243. Le siguen Cataluña con 4.192; Cantabria, con 2.058; Aragón, con 2.054; Cantabria, con 2.058; Castilla La Mancha, con 1.756 o Andalucía, con casi 2.000. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recordó ayer que el PSOE viene reclamando desde hace años la publicación de la relación de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno y justificó en la laboriosidad de este estudio el retraso en el cumplimiento del mandato de la Cámara Baja. La Ley Hipotecaria permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica. En 2015 se eliminó esa posibilidad y, por tanto, según explicó Calvo, la lista incluye los bienes inmatriculados entre 1998 y ese año. Los anteriores no figuran en esta relación. Tras recalcar que las inscripciones que realizó la Iglesia se hicieron al amparo de una situación legal, con independencia de que hubiera formaciones políticas contrarias a la reforma propiciada por el Gobierno de Aznar, a partir de ahora, matizó la vicepresidenta, quien crea que tiene derechos sobre alguna propiedad puede actuar mediante una primera vía para que la administración abra una investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también acudiendo a los tribunales.