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Audasa esgrime eventuales colapsos para oponerse a la gratuidad entre Vigo y Rande

Tramo de la autopista a su paso por Rande.

Con el objetivo de implantar en este primer semestre una rebaja del peaje para los usuarios de la AP-9, el Ministerio de Transportes se reunirá esta semana con Audasa, la empresa que explota la autopista, para avanzar en las negociaciones. Por una parte se pretende un descuento a los conductores recurrentes en todo el trazado y, por otra, hacer gratuito el tramo desde Vigo hasta Rande (Redondela).

La empresa concesionaria y el Gobierno retoman las negociaciones esta semana | El descuento en el resto de la AP-9, para usuarios con un mínimo de viajes al mes

Pero esta segunda pata, según fuentes próximas a la negociación, parece la más complicada de conseguir debido a las reticencias expresadas por Audasa. Argumenta la concesionaria que con la liberación del peaje hasta Rande se pueden producir colapsos debido a que este tramo sería usado masivamente y luego la empresa tendría que pagar indemnizaciones por los atascos, según se desprende de recientes sentencias al respecto.

Este razonamiento sería el principal punto de fricción en las negociaciones entre Audasa y el Ministerio de Transportes, si bien el compromiso firme del Gobierno es dejar sin efecto el peaje en este tramo, de seis kilómetros, ya que se trata de una larga reivindicación de la ciudad Vigo firmada por políticos, empresarios y vecinos, que ven como tramos similares que funcionan como circunvalaciones en Pontevedra y Santiago son de uso gratuito desde siempre.

Para levantar las barreras en Rande, el Ministerio de Transporte cuenta con 1,53 millones de euros en los presupuestos de este año, fondos con los que se compensaría a Audasa por permitir la libre circulación por este trecho de la AP-9, que cuesta un euro. Pero primero se debe vencer la negativa de la concesionaria, que alega que ante eventuales colapsos tendría que hacer frente a indemnizaciones.

El motivo de fondo es que el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra estimó parcialmente en febrero del pasado año la demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía –a la que se adhirieron asociaciones de afectados y particulares– contra el cobro “abusivo” de peajes en la AP-9 durante las obras de ampliación del Puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018. La sentencia reconoce que durante esos meses se produjeron un total de 81 incidencias y condenó a la concesionaria de la autopista a “restituir el importe cobrado” por las tarifas.

En todo caso, tanto para implantar la gratuidad en este tramo entre Vigo y Rande como en la bajada de peajes del resto de la autopista, primero hay que llegar a un acuerdo con la concesionaria, porque su contrato le blinda el equilibrio económico de la cuenta de explotación. Y por ello, el Gobierno tiene que compensarla.

Si inicialmente se pensó aplicar el descuento a los usuarios recurrentes por un determinado número de viajes a la semana, ahora sobre la mesa está el utilizar como baremo una cifra mínima de desplazamientos al mes, lo que abriría la puerta a un mayor número de potenciales beneficiarios. La bonificación se aplicaría en el viaje de vuelta.

Fuentes próximas a la negociación señalan que la principal complicación está en buscar la fórmula idónea para extender esta rebaja hasta 2048, año en que finaliza la concesión de la AP-9, porque se deben calcular con precisión el coste para las arcas públicas y el número de usuarios para un plazo tan largo.

Par este fin, el Ministerio de Transportes ha reservado en sus presupuestos de este año 50 millones de euros, que se sumarán a los algo más de 8 millones que se consignan cada año para bonificar los trayectos entre Vigo y O Morrazo y entre A Coruña y A Barcala.

Adicionalmente a esta rebaja se sumará otro descuento. El Gobierno aportará a las arcas de la concesionaria otros 3,4 millones de euros con los que pretende la “supresión de la subida anual acumulativa del 1%”, en referencia al incremento de las tarifas durante 20 años autorizado a Audasa para que así pudiera recuperar los más de 200 millones de euros gastados en las obras de ampliación de Rande y de la circunvalación de Santiago.

Un traspaso al que se resiste la “élite funcionarial”

Al margen de las negociaciones entre Gobierno y concesionaria para implantar una rebaja o supresión del peaje, hay otro frente abierto, aunque en este caso político, sobre la AP-9. Se trata de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego por el que se solicita el traspaso a Galicia de la titularidad de la vía. La petición ya ha sido admitida a trámite en el Congreso y ha iniciado su desarrollo, si bien le queda un largo camino por delante hasta el final, en caso que el Ejecutivo central acepte transferir la autopista a la Xunta. Según fuentes próximas a la negociación, el Ministerio de Transportes tiene tomada la decisión política de apoyar el traspaso, pero que la oposición llega por parte de la “élite funcionarial”, que no se muestra proclive. Precisamente, el Gobierno de Rajoy, cuando rechazó la transferencia a Galicia de la AP-9 en las anteriores ocasiones, citó a los informes de los técnicos como una de las razones de su rechazo a perder la titularidad de la vía. Los peajes de la AP-9, de los más altos de España, llegarán de nuevo la próxima semana al Parlamento gallego, ya que será la pregunta que el PSOE formule al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control. El viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Pablo Arangüena, explicó ayer, tras la junta de portavoces de la Cámara, que inquirirán a Feijóo sobre la rebaja de peajes de la AP-9 y el traspaso a Galicia de esta autopista después de que el Congreso admitiese a trámite el debate del traspaso tras el “veto” durante los gobiernos de Rajoy.

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