La inyección económica que suponen los fondos europeos no siempre se traduce en resultados. Cuando está en juego el reparto de las nuevas ayudas de la UE para la reactivación económica tras el COVID-19, el balance de la Xunta sobre la ejecución del programa FEDER correspondiente al periodo 2014-2020 arroja una buena evolución en todos los objetivos planteados, salvo en dos materias: el I+D y la reducción de la pobreza. El Gobierno gallego prevé que con los recursos comunitarios se puedan movilizar 75,1 millones de euros en inversión privada en innovación hasta 2023 –aunque el plazo de programación finalizó el pasado año, Bruselas siempre da tres años de margen para certificar los gastos–. Sin embargo, hasta 2019, las subvenciones europeas solo han conseguido arrastrar 4,7 millones de inversión en el ámbito de las empresas, poco más del 6 por ciento respecto a la cifra que se ha fijado como meta.
El impulso al I+D es uno de los ejes que se consideran prioritarios en la UE. La idea es usar los fondos europeos como palanca para generar una mayor inversión, no solo pública, sino también privada en investigación y desarrollo. De esta manera, se conceden subvenciones a empresas que normalmente están condicionadas a una cofinanciación y a la puesta en marcha de proyectos que supongan una movilización de más recursos en innovación. Y esto no se está consiguiendo.
La falta de músculo empresarial del tejido productivo gallego, con empresas de pequeño tamaño, frena su acceso a las convocatorias de ayudas.
La Xunta alega que muchas de las convocatorias de ayudas son plurianuales y, por lo tanto, sus resultados no son inmediatos y esgrime también la “complejidad técnica en la gestión y verificación de los gastos”. Sin embargo, llegado el ecuador del plazo del que dispone para ejecutar los fondos, la movilización de inversión privada se ha limitado en Galicia a 4,7 millones, lejos todavía de los 75,1 millones planteados como meta. De hecho, en la evaluación que hace la Consellería de Facenda sobre los resultados obtenidos reconoce que “en todos los objetivos se evoluciona favorablemente a excepción de la I+D y la reducción de la pobreza”.
No solo falla la movilización de recursos privados en investigación, hay otra señal que indica que los fondos europeos no están dando los resultados previstos en I+D: las patentes. El objetivo es llegar a registrar 195 anuales en 2023. Sin embargo, en 2019 solo hubo 51, que además fue la cifra más baja desde 2014, según el informe de ejecución del FEDER publicado por la Xunta.
Para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación Galicia dispone de 178 millones de euros en fondos de la UE en el periodo 2014-2020 y cuyo plazo de ejecución se prorroga hasta 2023.
A diciembre de 2019 la Xunta invirtió 44,7 millones de euros. Es decir, aún tiene pendiente de ejecutar más de 130 millones de euros, aproximadamente el 75 por ciento.
El eje dedicado a I+D, con una ejecución del 25 por ciento, es además el que va con mayor retraso respecto a los otros ámbitos de gasto del FEDER.
En todo caso, es cierto que en 2019 se le dio un impulso importante a los fondos europeos destinados a la investigación y el desarrollo. Solo ese año se gastaron 22,8 millones de los 44,7 que se han ejecutado hasta la fecha. La Xunta destaca como “buena práctica” la línea de ayudas para la creación y puesta en marcha de unidades mixtas de investigación que inició en 2014 y que contará con cuatro millones de euros en fondos europeos. Su previsión es llegar a movilizar 11,5 millones de euros de inversión privada con esta convocatoria.
Galicia gastó en cinco años el 37% de las ayudas FEDER y tiene de plazo hasta 2023
El grueso de los fondos comunitarios que cada periodo presupuestario recibe Galicia están enmarcados en el programa operativo FEDER. En el actual periodo de programación 2014-2020 la comunidad autónoma cuenta con un montante de 1.142 millones de euros. Sin embargo, transcurridos los cinco primeros años, a diciembre de 2019, se habían ejecutado solo el 37 por ciento del total. La Xunta tiene pendiente de gastar 719,3 millones y tienen de margen hasta 2023. La Xunta defiende que en 2019 se dio “un impulso significativo” en la ejecución de estos fondos, puesto que se pasó del 20 por ciento ejecutado a casi el doble. Según defiende, esto le permite cumplir “holgadamente” los plazos previstos. Otras comunidades como Aragón o Baleares presumen, sin embargo, de llevar ya gastado el 80 por ciento de los fondos FEDER de este periodo presupuestario. El peor dato de ejecución en Galicia es el de los fondos destinados a I+D. Pero también lleva retraso el eje destinado a conservar y proteger el medio ambiente y lograr la eficiencia de los recursos. De hecho, la Xunta reconoce que será necesario “acelerar el ritmo de certificación” en este ámbito. Según explica la Consellería de Facenda en su informe de ejecución de fondos europeos, la razón de los retrasos en esta materia se debe a que aquí se incluyen todas las infraestructuras previstas en materia de saneamiento y, según argumenta, “por su compleja tramitación técnica, administrativa, ambiental requieren el transcurso de varios años para evidencia avances relevantes”. El eje que va más avanzado en la ejecución de fondos europeos es el de la lucha contra la pobreza y le exclusión social, con el 63 por ciento de los fondos ya gastados. A pesar de ello, la Xunta lo sitúa como uno de los ámbitos donde detectan que no se están cumpliendo los resultados esperados.
