La declaración del lobo como especie protegida no solo ha puesto en pie de guerra a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León –comunidades que concentran el 95% de la población de este mamífero en toda España– y a los ganaderos, que en el rural gallego pierden cada año 2.400 cabezas de ganado por sus ataques. El blindaje del lobo también ha abierto una brecha en el Gobierno, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al frente del acuerdo de la comisión estatal que avaló la prohibición de su caza en todo el país, y su homólogo en Agricultura, Luis Planas, que se ha puesto del lado de las comunidades del Noroeste, que amenazan con llevar a los tribunales la propuesta aprobada la semana pasada, y de las organizaciones agrarias, que tachan la medida de “ataque al mundo rural” que no hará más que agravar su despoblación.
En una visita ayer a Cantabria, una de las cuatro autonomías que se han rebelado contra la decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el apoyo de las comunidad que no conviven con esta especie, de que incluir en lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre,), el ministro de Agricultura volvió a desmarcarse del departamento que dirige Ribera. Planas defendió la reivindicación del Noroeste de buscar un sistema de gestión del lobo que permita la “cohabitación” de esta especie con la práctica de la ganadería y aseguró que intentará “trabajar por los mejores acuerdos para todo el mundo”.
Ante el rechazo de plano de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de la declaración del lobo como especie protegida, Planas anunció que, si bien el Ministerio de Agricultura no participó en la puesta en marcha de esta orden, sí tendrá presencia en el grupo que prepara el nuevo plan de conservación, con el objetivo –garantizó– de “integrar todos los puntos de vista” dentro del Gobierno.
La postura de “convivencia” con el lobo que mantienen las comunidades autónomas afectadas por sus daños –advirtió el ministro– “no viene de ayer” y es algo que “hay que preservar”. Así se lo trasladará a Teresa Ribera, con quien habla “todos los días” por los puntos comunes de ambas carteras y con quien ha solicitado una comparecencia conjunta ante el Senado para exponer los diferentes puntos de vista del Gobierno. “Mi filosofía personal y política siempre es la de construir puentes y trabajar por los mejores acuerdos para todo el mundo”, sentenció Planas.
Ante la presión de las comunidades del Noroeste durante los últimos días, que además de advertir de “irregularidades” en la comisión estatal también amenazaron con impugnar el acuerdo, la ministra de Transición Ecológica convocó ayer a los responsables de Medio Ambiente de los cuatro territorios a un encuentro telemático el lunes para abordar la protección del lobo.
Por su parte, las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) cargaron ayer contra el departamento de Ribera, acusándolo de actuar con “sectarismo ideológico”, bajo “la idiotez humana” con un “oportunismo político” o “postureo de escaparate”.
La Xunta recrudece su presión con el respaldo de las organizaciones agrarias
La Xunta y las organizaciones profesionales agrarias colaborarán con el objetivo de frenar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Así lo acordaron ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el del Medio Rural, José González, en la reunión celebrada con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, en la que estos trasladaron sus preocupaciones e inquietudes ante la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. En nombre del sector participaron Roberto García, de Unións Agrarias, Isabel Vilalba, del SLG, Francisco Bello, por Asaga, e Higinio Mougán, gerente de la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias. Vázquez reiteró que no se trata, en ningún caso, de desproteger el lobo; sino de adaptar su protección a la propia realidad de cada territorio. En el caso de Galicia, hace años que solo se autorizan acciones cinegéticas de forma excepcional, con un estudio previo y siempre tras constatar daños a la ganadería, un sector al que el Gobierno también tiene que escuchar antes de decidir. En ese sentido, invitó a los representantes de las organizaciones agrarias a trabajar de forma conjunta para que el Estado reflexione sobre su decisión y apueste por abrir un diálogo no solo con las comunidades más afectadas, sino también con el sector.
