Los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, rechazaron ayer una propuesta del PPdeG para reformar la Ley de Salud, de 2008, porque supone un intento de establecer un “estado de alarma” permanente o semipermanente por parte de la Xunta y “restringir derechos fundamentales”. La comisión de sanidad del Parlamento autonómico aprobó el dictamen sobre la reforma normativa, promovida por el Gobierno gallego pero presentada como proposición de ley por el PPdeG, en la que se establecen sanciones de 1.000 a 600.000 euros para las distintas infracciones sobre salud pública. Entre estas figuran como muy graves, con multas de más de 60.000 euros la “falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento” o de la “obligación de cuarentena” de forma “repetida o reiterada”, según figura en el texto a tramitación.
También serán infracciones muy graves los incumplimientos de la obligación del usar la mascarilla y de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, o la “negativa injustificada” a la vacunación “cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población”.
La diputada del BNG Iria Carreira afirmó que es “un grave error enfocar un problema de salud pública como un problema de orden público”, mientras el diputado del PSdeG Julio Torrado preguntó: “¿Cómo vamos a votar que podamos obligar a un ciudadano a hacer algo aunque no exista evidencia científica?” Los grupos de la oposición advierten de que el texto faculta a las autoridades sanitarias a “adoptar medidas preventivas o de obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población”. Estas medidas pueden ir de la incautación de productos, hasta el cierre de empresas.
