Galicia y las comunidades al norte del río Duero han vuelto a mostrar su rechazo a la prohibición de la caza del lobo ibérico en la reunión virtual celebrada ayer en el Ministerio de Transición Ecológica para abordar la estrategia de conservación y gestión de esta especie.
La Consellería de Medio Ambiente, informó que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han mostrado su malestar por “la celeridad” con la que el Gobierno pretende abordar esta cuestión, así como en su tramitación, después de que este grupo de trabajo haya estado cinco años sin reunirse.
Por su parte, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, se reunió ayer con representantes de entidades ganaderas de razas autóctonas –de Boaga, Asoporcel, Puraga e Ovica– para recabar su apoyo y avanzó que la Xunta exigirá que la medida de protección al lobo venga acompañada de compensaciones económicas por el impacto en la ganadería. Pone de ejemplo el incremento del 126% de daños producidos por el lobo entre 2014 y 2019, un periodo en el que se pasó de 618 avisos a 1.397.
La Xunta, en coordinación con las otras comunidades afectadas, exige al Estado una rectificación con todos los mecanismos a su alcance, y no descarta acudir a la justicia. Y es que Galicia llama la atención acerca de que el comité científico señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial”. El Gobierno convocará otra vez a las comunidades las próximas semanas.
