La declaración del lobo como especie protegida ha puesto en pie de guerra a las comunidades del Noroeste, que amenazan con llevar a los tribunales la decisión del Gobierno central. Un día después de que Galicia junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León, territorios que concentran el 97% de esta especie en España, denunciasen la política de imposición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y exigiesen en base a criterios “técnicos” y “científicos” la retirada del acuerdo tomado el jueves pasado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha sido tajante: “No hay vuelta atrás, retroceder ya no está en la hoja de ruta”.

Ante la alianza de las comunidades del Noroeste, que rechazan de plano la protección del lobo y, en consecuencia, que se prohíba su caza, Morán admitió que estos territorios tienen “parte de razón” al criticar la inclusión de este animal en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial porque han estado “abandonadas a su suerte” en su gestión.

“Ha habido una gestión que ha descansado casi exclusivamente sobre las comunidades, que se han sentido desamparadas en relación a la omisión del Estado en ese proceso, tanto en la gestión de la biodiversidad porque los recursos los han puesto ellas, como por la atención a las actividades que se llevan a cabo en esas zonas, sobre todo la ganadera”, reconoció en una entrevista a RNE.

Pero ese reconocimiento no implica un cambio de criterio por parte del Gobierno: “Retroceder ya no está en la hoja de ruta”, aseveró Morán. “Hay que asumir la dinámica de la democracia y la decisión que se adopta es la que debe aplicarse y debe ir acompañada”, dijo, “de un proceso de cooperación entre Estado y comunidades para hacer viable la decisión y aplicarla”. En “cuestión de días”, según avanzó Morán, se publicará la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado.

Tras un encuentro telemático mantenido el viernes entre, los responsables de Medio Ambiente y Medio Rural de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, advirtieron de que impugnarían el acuerdo del Gobierno si no rectifica porque, según advierten, supone una “invasión de competencias exclusivas de las comunidades, impide la gestión de la conservación y control población del lobo y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario”.

En cuanto a la “tensión” que ha generado la protección del lobo entre los ganaderos, el secretario de Estado abogó por dar a los ganaderos “una respuesta que se traduzca en compromisos”, mejorando las condiciones en las que se lleva a cabo esta actividad. “En esa línea vamos a caminar en la Estrategia Nacional del Lobo”, aseguró, al tiempo que rechazó el argumento que vincula la protección del lobo a la desaparición de la ganadería extensiva y, por ende, al despoblamiento rural. “Hay que huir de los análisis sencillos porque es un problema complejo”, apuntó Morán, ya que entiende que la conexión entre presencia del lobo y despoblación “no responde a la actualidad” en España.