Incluir al lobo en el listado de especies silvestres de protección ha provocado el rechazo de cuatro comunidades, entre ellas Galicia, que buscan “frenar” la decisión, incluso vía jurídica. Una de las razones que la Consellería de Medio Ambiente alegó en meses pasados para oponerse a que se prohiba caza al lobo es que Galicia buscó “compatibilizar” su existencia con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones de estas zonas.

En esa línea, la Xunta defendió que si la medida iba adelante, tendría que contemplar “compensaciones económicas” por el impacto en el sector ganadero y alegaba el aumento “significativo” de los daños producidos por el lobo en Galicia, al crecer de 2014 a 2019 los avisos un 126%. Sin embargo, los datos del último año muestran una reducción: a la Xunta le constan 1.303 avisos, 25 de media por semana, frente a los 1.396 de 2019, y son menos los caballos y vacas víctimas de las agresiones, hasta las 667 y 290, respectivamente. En el caso de ovejas (1.045) y cabras (308), el número es superior.