Muros y desmontes sin protección, laderas con desprendimientos, arcenes sin asfaltar, postes de hormigón junto a la vía, altura de barreras insuficientes, incluso oxidadas o ya rotas, luminarias sin protección y deficiente iluminación, anchos de arcén en la entrada a la autopista que no cumplen la normativa, desagües sin barrera o altura insuficiente de las barandillas de protección en puentes. Son algunos de los fallos de seguridad que presenta en la actualidad la AP-9 y que, tras ser reveladas por este periódico hace casi dos semanas, llevaron al Ministerio de Transportes a ordenar una auditoría para comprobar el estado de la infraestructura, que por cuarto año consecutivo afronta una nueva subida de los peajes en contra del abaratamiento generalizado en la red de autopistas del Estado.
Desde el departamento que dirige José Luis Ábalos confirmaron ayer que la inspección específica de seguridad vial de la AP-9 comenzará esta misma semana “con los primeros trabajos de campo”. La revisión de los 220 kilómetros de la vía de pago que vertebra Galicia será realizada por un consultor independiente externo para la Dirección General de Carreteras “con auditores de amplia y acreditada experiencia en materia de seguridad vial”, avanzan desde Transportes.
Fue hace apenas dos semanas cuando este diario se hizo eco de informes oficiales remitidos al Ministerio de Fomento –ahora Transportes– y a la propia concesionaria en los que se alertaba de deficiencias en la infraestructura y que, salvo contados casos, todavía no han sido subsanadas. Ante las denuncias sobre los riesgos para la seguridad de los usuarios –más de 24.000 cada día–, Audasa emitió el miércoles pasado un comunicado en el que sacaba pecho alegando que la autopista gallega era segura y que, además, su peaje era un 0,7% inferior a la media nacional.
La larga lista de riesgos hecha pública junto con la defensa de la concesionaria llevaron a Transportes a anunciar el jueves pasado una inspección de la Autopista del Atlántico. La inspección, según detallan desde el Gobierno central, incluirá todos los aspectos de la infraestructura relacionados con la seguridad (equipamiento de seguridad vial –marcas viales, señalización vertical y horizontal, barreras de seguridad, balizamiento–, márgenes, etc ), en la que “podrán identificarse elementos susceptibles de mejora y derivarse, en su caso, actuaciones para su corrección preventivamente”. “Para comprobar que las condiciones de seguridad actuales en la AP-9”, apuntan, “siguen siendo adecuadas, dentro de las labores de Inspección que se vienen realizando a lo largo del contrato concesional, se ha ordenado esta inspección específica.
Sobre el plazo de ejecución de la inspección, Transportes lo condiciona a la situación meteorológica, así como a las restricciones de la pandemia que” pudieran alterar en alguna medida” las tareas de revisión.
Preguntado el departamento de Ábalos por si esta inspección podría derivar en la apertura de un expediente a Audasa, la puerta queda abierta a esta posibilidad: “Debe realizarse en primer lugar la inspección específica de seguridad vial y posteriormente, en función de su resultado, adoptar las medidas necesarias”.
Una semana después de que el Concello de Pontevedra anunciase la apertura de un expediente a a la concesionaria por el estado del puente de la AP-9, Transportes asegura que la inspección de la autopista por parte del Ministerio no tiene constancia de expediente municipal alguno respecto a la seguridad de la vía de pago gallega. En todo caso, el departamento del que dependen las infraestructuras del Estado aclara que la inspección de seguridad vial del trazado completo de la AP-9, incluirá también al tramo de la autopista que discurre por el Ayuntamiento de Pontevedra.
Días después que el Concello pontevedrés reclamase a Audasa que realizase una actuación de emergencia que evite nuevos desprendimientos en el viaducto de la AP-9 sobre Mollavao, la concesionaria negó que caigan cascotes del puente y alegó que ya fueron retirados.
Apenas 24 horas después de que se hicieran pública la lista de deficiencias que suma la Autopista del Atlántico, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remitió una carta al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en la que advertía de la “especial gravedad” en la que se encontraba la AP-9 y le urgía a contactar “con urgencia” con la concesionaria para que subsanase “sin dilación” cuanto fallo de seguridad se detectase en la autopista.
