Los nueve activistas militantes del BNG denunciados por la familia Franco, por una protesta el 26 de septiembre de 2017 en la Casa Cornide de A Coruña para exigir su devolución –y durante la cual accedieron al balcón y desplegaron una pancarta–, vinculan los hechos con una “acción simbólica” para denunciar un “expolio” y exigir la restitución del inmueble “al pueblo gallego”. Medio centenar de personas se concentraron ayer para apoyarles ante la Audiencia de A Coruña.
El letrado de los Franco pidió que se les condene por un delito leve de coacciones, mientras que la defensa argumentó que el delito de coacciones “exige una denuncia expresa” y aseveró que la familia Franco “nunca impuso” una demanda por ese delito, pues los acusaban de allanamiento de morada y de un delito de odio, delitos que fueron desestimados por la Audiencia.
