El cuento del lobo tiene un final feliz para él. Al menos por ahora. Ayer la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobaba incluir a este mamífero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone que deje de ser considerado especie cinegética y, en el caso de Galicia, como han advertido desde la Consellería de Medio Ambiente, que lleva meses luchando contra su inclusión en dicha ordenación, pone “mucho más difícil” el “recurrir a acciones cinegéticas puntuales cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos”.

Así que, lo que ecologistas ven como un logro “histórico”, fue recibido por críticas de los ganaderos –como UPA, que asegura que quienes corren “peligro de extinción” son ellos y no el lobo, o COAG-Castilla y León que pide la dimisión de la ministra Teresa Ribera– y el absoluto rechazo de las cuatro comunidades que luchan unidas para que el mamífero no engrose ese listado, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. No solo por el fondo, sino también las formas. Faltó, reprochan, consenso y diálogo, y admiten su “malestar” con la “actitud de la ministra Teresa Ribera y del secretario de Estado Hugo Morán”, que ni respondieron, dicen, a sus peticiones de reunión para abordar el asunto.

Hasta el punto de que, como trasladó ayer la Consellería de Medio Ambiente, pero también las otras tres autonomías, con las que hace frente común, sus servicios jurídicos analizarán “el contenido y las circunstancias” del acuerdo para estudiar la presentación de posibles recursos para frenar una decisión que, señalan, carece de fundamentos “técnicos” y “científicos”.

Según la Xunta, fueron precisas dos votaciones para decidir la inclusión y “el voto a favor de su propia propuesta del representante del Ministerio en la comisión, llevó a la aprobación”. Apuntan que el acuerdo, de llevarse a término, “puede vulnerar competencias exclusivas” en materia de caza de las autonomías “cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones del lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas”.

El Ejecutivo gallego incide en la “debilidad” de una decisión “alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa en cuanto a la presencia del lobo en el país”, dado que entre quienes votaron a favor, apunta, están autonomías que no tendrán que afrontar su gestión, mientras a Galicia y las tres comunidades que en conjunto albergan “al 95%” de los lobos de España les plantea “un gravísimo problema de gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para las zonas rurales”, aduce. Con todo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalaban que “tras la decisión de la Comisión Estatal, se aprobará próximamente una orden ministerial por la que todas las poblaciones del lobo españolas queden incluidas en el Listado”.

Estos meses, desde Medio Ambiente gallego se trasladó, tras las reuniones con los sindicatos agrarios, cómo estos concordaban con la postura de la Xunta. Los ganaderos, también son vistos como “los verdaderos perjudicados” por la Federación Galega de Caza y su presidente en Pontevedra, Paco Couselo, quien cuestiona decisión adoptada ayer y alega que en Galicia su caza requería una autorización expresa de la Consellería de Medio Ambiente. “Nunca estuvo desprotegido”, proclama. La Real Federación Española de Caza, por su parte, también lamentó que Gobierno y autonomías “abandonan al mundo rural”