El traspaso de la AP-9 a Galicia inicia de nuevo su tramitación parlamentaria. Los grupos del Congreso, salvo Vox, apoyaron ayer con su voto la proposición de ley –planteada por unanimidad del Parlamento gallego– para traspasar a la Xunta la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico. Se repite ahora el mismo acto iniciado en diciembre de 2018, cuando el Congreso superó este mismo trámite –en ese caso con la abstención de Ciudadanos–, pero que no llegó a ningún lado porque se disolvieron las Cortes y toca empezar de nuevo.
No obstante, el proceso que queda por delante es largo, porque primero debe completar su paso por la Comisión de Fomento –donde se discutirán las correspondientes enmiendas–, volver de nuevo al pleno del Congreso, ir al Senado y si se introduce algún cambio en esa fase, volver a la Cámara Baja. Y después llegará la parte más compleja, la negociación bilateral entre la Xunta y el Gobierno central en la Comisión Mixta de Transferencias para acordar las condiciones del traspaso, sin que para ello existan fechas de inicio ni plazos comprometidos para su finalización. El proceso puede demorarse meses o años, ya que depende de la voluntad política.
Negociaciones
El traspaso no implica una rebaja automática del peaje, aunque Unidas Podemos y el BNG plantean que la autopista sea totalmente gratuita. Para que se reduzcan las tarifas, la administración tendría que compensar a Audasa por la pérdida de ingresos, dado que de lo contrario se rompería el equilibrio económico de un contrato blindado hasta el año 2048. De ahí que las negociaciones entre Xunta y Estado para establecer las condiciones sean una fase capital para determinar quién asumiría las cargas para proceder a un abaratamiento de los peajes.
Tal como se propone en la ley del Parlamento gallego –ahora ya en manos del Congreso–, una vez se dé luz verde a la transferencia, la Xunta tendría autorización para la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista, para supervisar e inspeccionar el funcionamiento correcto de la AP-9 o la potestad para sancionar incumplimientos de la concesionaria o actualizar y suprimir tarifas y peajes, si bien estas últimas decisiones obligarían a compensar a la concesionaria con fondos públicos para paliar el descenso de ingresos.
Peajes caros
En la pasada legislatura, el Gobierno central autorizó el traspaso de la titularidad de la autopista AP-68 que une Bilbao y Zaragoza, que desde enero del pasado año ya es competencia del Ejecutivo vasco, tras una negociación exprés a cambio del apoyo del PNV en el Congreso a los llamados decretos sociales.
Los tres intentos anteriores de Galicia fracasaron en el Congreso por el bloqueo del Gobierno de Rajoy. Ahora, los diputados apoyan una reivindicación “histórica” tras años de “expolio” de la concesionaria a familias, empresas y transportistas con subidas exponenciales a los peajes “más caros” de la red viaria de España. “Cara, muy cara”, fue una expresión repetida insistentemente, como argumento para la transferencia, por los diputados del Parlamento que defendieron el traspaso en Madrid. El ejemplo: viajar de Vigo a A Coruña cuesta 22 euros, mientras que ir a Madrid supone unos 13 euros. Sus palabras encontraron eco en los demás grupos parlamentarios, salvo en Vox, “para no favorecer el nacionalismo de Feijóo con nuevas concesiones”.
Intervenciones
Por el PP, Diego Calvo sostuvo que los gallegos no piden nada que no se haya hecho antes ni que atente contra el orden constitucional, sino que solo aspiran a gestionar una infraestructura básica. “Hoy pedimos la transferencia de la AP-9 con ánimo de unir, y no separar”, dijo, incidiendo en que la Xunta puede gestionar la AP-9 de manera “más eficiente” que el Estado.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, defendió que el traspaso es “el primer paso” para acabar con una “discriminación histórica” con Galicia que lastra la economía de sus ciudadanos, que cada día son víctimas de “una estafa legalizada”. Aprovechó, además, para reprochar al Gobierno que no esté cumpliendo con el acuerdo de investidura suscrito con el BNG y que recogía una bajada “histórica” de los peajes de esa autopista.
Por el PSdeG, Gonzalo Caballero subrayó la necesidad de rebajar el “inadmisible” peaje que los gallegos pagan, lo que, a su juicio, supone “un auténtico expolio” que es prioritario “aliviar”. También urgió a que el Estado la transfiera como ya ha hecho con otras autopistas de Cataluña o Euskadi.
Los otros frentes políticos y judiciales abiertos que afectan a Audasa
La reactivación de la transferencia de la AP-9 a Galicia pilla a la concesionaria con varios litigios y polémicas abiertos. Dos son con el Gobierno central, que precisamente este semestre pretende abaratar los peajes para los viajeros recurrentes –para lo que dispone de 55 millones de euros en los presupuestos–. Por una parte, el Ministerio de Transportes, frente a la postura de Audasa, sostiene que no tiene las tarifas más baratas de España. Y por otra, la pasada semana anunció la apertura de una auditoría para inspeccionar las decenas de deficiencias de seguridad en la autopista que detectaron informes oficiales. El tercer gran frente abierto es judicial, por seguir cobrando los peajes a pesar de los constantes atascos durante las obras de ampliación del puente de Rande. El Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra estimó parcialmente a principios del pasado año la demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía –a la que se adhirieron asociaciones de afectados y particulares– contra el cobro “abusivo” de peajes en la AP-9 durante la ampliación, entre febrero de 2015 y junio de 2018. La sentencia reconoce que durante esos meses se produjeron un total de 81 incidencias y condena a la concesionaria de la autopista a “restituir el importe cobrado” por las tarifas. La sentencia fue recurrida por Audasa y todavía no hay pronunciamiento, pero también por la Fiscalía, que reclama que la devolución de los peajes se extienda a todos los usuarios que circularon por la AP-9 entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, y no solo a los que lo hicieron durante los 81 incidentes concretos enumerados en la sentencia. Además, busca que en el futuro no se realicen cobros de las tarifas en situaciones parecidas.
