El impacto de la pandemia sobre el empleo en Galicia ha sido brutal, pese al colchón de los ERTE. Durante el año pasado desaparecieron en la comunidad 15.100 puestos de trabajo, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Fueron 41 personas al día. Pero el comportamiento del mercado laboral fue diferente según quién era el empleador. Si eran empresas privadas, la destrucción de empleo alcanzó los 28.900 trabajadores (78 cada día), mientras si era una administración pública se crearon 13.800 (37 por jornada). De la resta entre unos y otros, salen los 15.100 que perdió Galicia durante el año del COVID.
Y ha sido el coronavirus el que ha empujado al empleo público en la comunidad a su cifra más alta en los últimos ocho años. Al cierre de 2020 trabajaban en alguna de las administraciones (estatal, autonómica, provincial o local) 202.500 personas. Es la cuarta mayor cifra de la historia tras los 202.700 de diciembre de 2011; los 203.600 de septiembre de 2010 y los 204.900 de marzo de 2012, récord histórico en Galicia, tras el que se produjo un ajuste en todas las administraciones que en solo 15 meses destruyeron 32.000 puestos de trabajo.
La explicación de este incremento del empleo público hay que buscarla en el refuerzo que necesitaron la Sanidad y la Educación gallegas para hacer frente a los efectos de la pandemia. “El COVID tiró del empleo público para arriba. Hubo que reforzar, especialmente, Educación y Sanidad con contratación de personal, además de que el año pasado hubo en Galicia convocatorias de empleo público”, explica Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO, quien apunta que “solo en el desdoblamiento en el ámbito educativo de aulas por el protocolo COVID son cerca de 1.000 docentes”.
Y eso que los concellos tienen el condicionante de mantener congeladas sus contrataciones. De lo contrario, la cifra de empleo público habría aumentado más.
La comunidad gallega no solo rebasó en diciembre los 200.000 trabajadores públicos y alcanzó la mayor cifra en ocho años y la cuarta mayor de toda su historia, también es la única que ha enlazado seis trimestres seguidos de crecimiento del empleo público. Ninguna otra comunidad se acerca a esta marca. La única que lo ha hecho es Asturias que suma cuatro consecutivos (el año 2020 entero). Sarmiento también tiene una explicación para este récord en Galicia. “Porque partíamos de haber tenido años de recorte de empleo público. Hubo que dar una respuesta de contratación porque estábamos en ratios bajos”, reconoce. En este año y medio al alza, los trabajadores de la Xunta, el Estado, las diputaciones y los concello se han incrementado casi un 10 por ciento al pasar de los 184.900 a los 202.500.
Evolución
Durante el pasado ejercicio, las incorporaciones se produjeron en los últimos tres trimestres. En el primero, la contratación fue casi plana (200 personas más), pero en el segundo, con el estado de alarma y la primera ola en pleno apogeo, alcanzaron las 3.200 para sumar 5.500 más en el tercero. En el cuarto, con la apertura de las escuelas (fue necesario contratar profesores de apoyo) y el final de la segunda ola y la llegada de la tercera (se necesitó más personal sanitario), los trabajadores públicos se incrementaron en otros 4.900 más.
Gracias al aumento del último año y medio, las administraciones gallegas no solo han frenado el recorte del empleo público que en solo doce meses (junio de 2018-junio de 2019) había destruido casi 10.000 puestos de trabajo, sino que suman más efectivos que entonces. A mitad de 2018, los trabajadores públicos en Galicia eran 194.700. Doce meses después, habían caído hasta los 184.800. El descenso fue de 9.900 personas. Un 5 por ciento menos. Hay que retroceder hasta 2017 para encontrar una cifra menor. Sin embargo, año y medio después se han recuperado los 9.900 empleos que se habían perdido y se han sumado 3.900 más.
Durante el recorte de esos casi 10.000 trabajadores, los grandes damnificados fueron dos. Por una parte, los que tenían un contrato fijo que protagonizaron todo el descenso del empleo público. Y por otra, los hombres, que absorbieron el 98,9 por ciento de los puestos de trabajo perdidos.
Ahora, la recuperación también tiene dos protagonistas. Por un lado, los varones, que aglutinan dos tercios de las incorporaciones que se produjeron el año pasado, y los contratos temporales, que supusieron también dos tercios de los 13.800 nuevos.
Tras las 5.100 nuevas incorporaciones de mujeres en el último año, la cifra total de las que trabajan en las administraciones gallegas alcanzó las 117.000. Por el contrario, los 8.200 hombres que empezaron o se reincorporaron a una administración gallega dejaron el número global en 84.800. La de las mujeres es la cifra más alta de la historia.
Precariedad
El otro protagonista de la radiografía de la Encuesta de Población Activa son los contratos temporales. En el último año, se han incrementado en 9.500. Dos de cada tres nuevas incorporaciones tuvieron este tipo de contrato. A finales de diciembre eran 57.600, el 28,5 por ciento del total y la cifra más alta desde 2009. Por el contrario, los fijos crecieron en 4.300, hasta los 144.800. El empleo público en la comunidad pierde calidad. Por primera vez en la última década, el porcentaje de contratos temporales en las administraciones públicas gallegas supera el 28 por ciento. Este problema con la temporalidad también lo destaca Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO. “No revertimos el porcentaje de temporalidad a pesar de estar acordado en el ámbito público. Pese a que se había acordado llevar la temporalidad al 7% este año, el objetivo no se pudo cumplir porque el Gobierno central sigue sin eliminar la tasa de reposición y porque el repunte de empleo público del año pasado en contexto COVID es temporal”, señala.
