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Sindicatos rechazan la fórmula de la Xunta para obligar a la movilidad de funcionarios

Interior de la Xunta.

Interior de la Xunta.

En 2010, la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, intentó promover una normativa para establecer la posibilidad del traslado forzoso de funcionarios desde departamentos menos saturados a otros con una mayor carga de trabajo de forma temporal, para evitar recurrir a nuevas contrataciones. No obstante, la iniciativa, que buscó negociar con los sindicatos, no llegó a prosperar por las protestas, hasta el punto de que el planteamiento acabó tomando el cariz de voluntario. Ahora los sindicatos rechazan de nuevo la fórmula con la que la Xunta vuelve a plantear esa movilidad, a través de enmiendas del grupo parlamentario del PP en la Cámara a la Lei de reactivación económica. En ellas, se abre una vía rápida para “reasignar” funcionarios a otros puestos de forma temporal dentro de la misma localidad o para que dediquen hasta un 80% de su jornada a otras actividades vinculadas con la gestión de fondos europeos para agilizar su gestión.

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Además de poner en cuestión, como señalan desde la CIG o CSIF, la movilidad “forzosa”, en general coinciden en reprochar el cómo se hace, es decir, que se recurra a enmiendas a una legislación vía parlamentaria y en cambio no se negocie con las representaciones sindicales de los trabajadores el establecer cambios que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos.

Los sindicatos denuncian, como Zeltia Burgos, desde la CIG, el uso “por parte del PP de la vía de enmiendas” en el debate de la normativa “para imponer la movilidad forzosa” del personal empleado público, “a dedo y por la puerta de atrás, creando una herramienta más para abusar” de este personal. “De este modo”, cuestiona, “la Xunta se habilita a sí misma para mover el personal como le dé la gana, sin negociación previa y sin justificación”, de una forma que ve una “perversión intolerable” del sistema y entiende como una “excusa del PP para empeorar las condiciones de trabajo del personal empleado público”. Por ello, reclama a los grupos parlamentarios que se opongan a una “modificación de la Lei de emprego público”.

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En todo caso, subraya que lo que la CIG quiere es que “se refuerce” la Administración con “más personal”, y para ello considera que “hay personal de sobra en las listas de espera”. Por otro lado, recuerda que la Lei de emprego público ya establece fórmulas para reforzar ese personal, bien sea para refuerzo o para que un trabajador se pueda “adherir” voluntariamente y “potenciar” un servicio donde se necesita.

Desde CSIF, José Francisco Sánchez Brunete también reprocha que “se están modificando condiciones de trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral” en los trámites parlamentarios de la Lei de Reactivación cuando, señala, “eso es materia obligada de negociación en la mesa xeral de empleados públicos”. Además critica se quiera hacer de forma obligatoria y que se contemple un modo de asignar puestos “muy arbitrario”, al quedar “al albur”, dice, de lo que el secretario xeral considere. En esa línea, igual que la CIG, apunta que la Lei de emprego público ya contempla la posibilidad de “transferir” personal entre consellerías, pero “siempre voluntariamente”.

Exigen utilizar las listas de contratación antes de cambiarlos de consellería

De hecho, ambos sindicatos recuerdan cómo en el confinamiento se reforzaron las oficinas de empleo, pero fue pactado. “Se hizo con luz y taquígrafos”, apunta Brunete, quien incide en que entonces la movilidad fue voluntaria y apunta que espera que ahora la Xunta “dé marcha atrás”.

FESP-UGT también emplazaba ayer a los grupos parlamentarios para que en el trámite de la Lei de reactivación “se garanticen los derechos de negociación del personal de la Xunta y se refuerce el servicio público”. Al respecto, insisten en que materias como la reasignación de puestos y funciones, son de “obligada negociación”. Su secretario xeral en Galicia, José Antonio Gómez, admite que “seguramente” habrá que “reforzar” ciertas partes de la Administración, pero “de otro modo”. Al respecto, indicó que trasladaron a la Xunta su “disconformidad” con el procedimiento y que “está a tiempo de rectificar”.

“Queremos que los que hagan los informes, los que hagan las tramitaciones, sean trabajadores públicos”

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CC OO incluye en sus alegaciones que para cubrir las necesidades de personal para gestión de fondos se acuda al artículo 100 de la Lei de emprego público, que aborda el traslado voluntario a sectores “prioritarios” con necesidades específicas de efectivos. Su secretario xeral, Ramón Sarmiento, señala, con todo, que en la propuesta inicial de la ley esta tendía a suplir las “carencias” con procesos de externalización, por lo que enmendar y optar por “reforzar” con personal público lo entiende como “positivo” y va en línea, señala, de sus demandas.

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