Segunda reunión y sin fumata blanca. Las negociaciones entre Xunta, diputaciones y concellos para pactar un plan conjunto de rescate al sector de la hostelería y el turismo encallaron por diferencias sobre qué administración debe gestionar las ayudas y quedaron convocados a un tercer encuentro que se celebrará mañana.
En todo caso, hubo avances importantes puesto que se llegó a un acuerdo sobre las cuantías económicas de las que estará dotado este fondo. La Xunta aportará 75 millones de euros –que además de a hostelería y turismo se destinarán a micropymes y autónomos– y cada administración local pondrá el 1 por ciento de su presupuesto. En el caso de las diputaciones serán 5,5 millones.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no pudo comprometer la colaboración de la totalidad de los municipios pero aseguró que al menos las cinco ciudades ya habían mostrado su voluntad de aportar 9,3 millones de euros. Es decir, estarían asegurados al menos 80,5 millones de euros, una cantidad que podría elevarse hasta más de 100 millones si el cien por cien de los ayuntamientos contribuyen a este fondo de rescate.
Superado este escollo, las negociaciones se atascaron cuando se empezó a hablar sobre quien debía gestionar estas ayudas. La Diputación de Pontevedra, junto a la de Lugo –ambas gobernadas por PSOE y BNG–, defendió que debían ser los concellos los que repartan el fondo. Pese a ser del mismo color político, la corporación de A Coruña se desmarcó y aseguró “no tener problemas” en que se haga cargo la Administración autonómica. Ésta es la tesis que defendió con ahínco el Clúster del Turismo, la Xunta y la cámara provincial de Ourense, que preside Manuel Baltar.
En nombre de la Diputación de Pontevedra, Carlos López Font defendió que deben ser los ayuntamientos los que gestionen el plan y prometió llevar a la reunión de mañana una propuesta detallada. Además, explicó que si algún municipio no tiene capacidad para encargarse del reparto del fondo podría delegar en la Xunta o en las diputaciones. “Queremos que a los concellos se los considere mayores de edad”, defendió. El representante de la cámara pontevedresa insistió además en que los 75 millones que aportará la Xunta le parecen “insuficientes” porque solo representan el 0,64% de su presupuesto. “Y, a pesar de ello nosotros tuvimos la generosidad de comprometer el 1%”, añadió.
El presidente del Clúster del Turismo, Cesáreo Pardal, no ocultó su “decepción” por la falta de acuerdo y defendió que las ayudas deben canalizarse a través de la Xunta, que ya demostró su “eficacia” al abonar en solo mes y medio las ayudas del anterior plan de rescate. Por su parte, la Diputación de Ourense lamentó la “cerrazón” de las corporaciones de Pontevedra y Lugo.
Desde la Xunta, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, que acudió acompañado de la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, argumentó que son los propios representantes del sector de la hostelería y turismo los que piden que sea la Administración autonómica la que gestione el fondo. Y “no ve posible” un modelo mixto en el que unos concellos repartan las ayudas y otros deleguen en Xunta o diputaciones.
