Dos despachos de abogados, con sede en Vigo y Lugo, reclaman a las empresas del conocido como “cártel de la leche”’ más de 375 millones de euros que, supuestamente, dejaron de pagarles por pactar los precios entre ellas, a más de 900 ganaderos que han confiado en ellos para realizar la demanda.
En total, “los 900 ganaderos que se han unido a la demanda contra el cártel de la leche cuentan en total con alrededor de 72.000 vacas en toda España, aunque principalmente en Galicia y Asturias, y sobre todo en la provincia de Lugo”, precisan en un comunicado ambos despachos, que se declaran especializados en “macrodemandas contra el abuso de grandes compañías”.
La demanda ha sido formulada sobre el 10 % del precio total de venta de más de 12.000 millones de litros de leche, dado que se estima que ese era el porcentaje de “rebaja en el precio”, acordado “de forma irregular por las empresas implicadas en el cártel de la leche”.
Según los datos que manejan ambas firmas, “una explotación ganadera de unas 100 vacas podría recuperar en torno a 315.000 euros”, siempre que hubiese estado vendiéndole la leche “a alguna de las empresas implicadas en el cártel” y “durante los 10 años que duró el fraude”.
Además, según los abogados, “a esa cantidad habría que añadir los intereses legales a computar desde cada suministro, con lo que, teniendo en cuenta que el cártel comenzó a funcionar en el año 2000, se podría estar hablando de intereses acumulados de alrededor de un 80%, lo cual podría casi doblar la indemnización, dependiendo del caso concreto”.
Esto significa que, en algunos casos, los productores afectados podrían recuperar “hasta 600.000 euros, una cantidad nada desdeñable, sobre todo ahora que la crisis pone a los ganaderos de nuevo en dificultades”, precisan.
Para Juan Camacho, socio de Balms Abogados, “el cártel ha tenido un claro efecto negativo en los precios abonados por la leche” y estaría detrás de la desaparición de un buen número de explotaciones”. De hecho, los abogados que llevan la demanda cuantifican el efecto negativo sobre la cuenta de resultados de las granjas en unos 3 céntimos de euro por cada litro de leche vendido a esas empresas.
“Solo hay que recordar que el número de ganaderos en España a día de hoy ronda los 13.000, cuando hace 5 años rondaba los 17.000, lo que supone una caída de más de un 20 % en un corto periodo de tiempo”, señala Camacho.
El comportamiento de las industrias láctea fue denunciado por una asociación de pequeños agricultores de Castilla y León y llegó hasta la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que a mediados de 2019 impuso una multa de 80,6 millones de euros a ocho de los principales productores por “intercambio de información comercial sensible”.
El supervisor les acusó de coordinar información sobre los precios ganaderos para lograr un suministro más barato, impidiendo que los proveedores puedan establecer sus propias tarifas y dificultando la competencia. Entre las empresas sancionadas se encontraban Leche Pascual, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva y Schreiber Food España.
