La Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple ya quince años. Una ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario y con el principal objetivo de proteger a las víctimas de malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social. ¿Pero es suficiente a día de hoy? ¿Qué conviene reforzar o cambiar?

La magistrada Paz Filgueira, una de las primeras titulares del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, destaca que si bien aquella ley fue un paso muy importante y en los últimos años hay avances importantes, como empezar a visibilizar lo que realmente ocurre con las mujeres en todo el territorio de aplicación de esta norma, que es una conquista de gran valor: “Hay muchos puntos que están sin cumplir”.

“Para mi, sería necesario aumentar el número de juzgados especializados en esta materia como se viene haciendo de forma paulatina desde la ley de reforma de demarcación y planta, pero se debería aumentar e incluso valorar la posibilidad de una demarcación judicial comarcalizada de este tipo de juzgados para mejor el seguimiento de los casos. Me parece una medida muy significativa, sin merma de los derechos de las víctimas en cada momento”. Por ello recaba el cumplimiento del Pacto de Estado, para adoptar medidas que eviten las grandes diferencias actuales entre las urbes y el rural y “mejorar el amparo de las víctimas de todas las localidades”, indica.

Así, Filgueira aboga por la especialización, con mayor apoyo y protección a las víctimas y que se amplíen horarios en las administraciones para dar cobertura e iguales medidas policiales y judiciales a las mujeres del rural, dada la dispersión geográfica de Galicia. Especial importancia da a la formación de los equipos forenses, pues su valoración es “muy valiosa para el sistema probatorio”, pero también a la especialización de policías, jueces y fiscales.

Recuerda, “en este momento histórico” , que del pacto de Estado que se firmó en septiembre de 2017 con vigencia de cinco años y con 290 medidas, solo se ha cumplido el 25%. Considera necesarias también campañas de prevención y de sensibilización. En cuanto a la protección telemática, mediante pulseras y otro tipo de aparatos, expone que el COVID demostró que no fue suficiente la cobertura se hizo durante el confinamiento: “El aislamiento de las mujeres y la invisibilidad causó una herida grandísima que debe ser estudiada por los poderes públicos y articular contingencias”.

Hugo Barreiro

La abogada de familia y penalista de Vigo, Patricia Comesaña. se muestra crítica con la situación: “No hay ninguna ley en vigor que aparte de un final trágico a la mujer que realmente es víctima de una gran violencia”. Propone facilitar a la víctima un divorcio exprés si así lo desea, vivienda y trabajo de forma inmediata para alejarla del maltratador y facilitar su independencia económica.

“En mi opinión, formada en base a los asuntos graves que he llevado en los tribunales, el agresor que pasa una noche en el calabozo culpabiliza a la mujer. No aprende nada y la víctima en muchas ocasiones se siente en la obligación de tener que volver con su pareja porque no puede sostenerse económicamente. Una casa de acogida no sirve. Al final parece que la víctima es la que se tiene que ir del hogar, buscarse un trabajo... Creo que en un mes tenía que haber divorcio si la víctima así lo quiere”.

Sostiene que el sistema y la legislación deben cambiar: “La víctima tiene que esperar casi un año para divorciarse. ¿De qué vive mientras? Al menos el perfil que yo he tenido son mujeres mantenidas por sus parejas porque ellas realizan las tareas del hogar, cuidan a los niños y no tienen un puesto de trabajo, muchas veces porque ellos no les dejaron. No pueden quedarse en su casa, ni irse con una mano delante y otra detrás. En vez de ayudarlas a que se independicen, las metemos en sitios que no son su casa y que los niños no entienden por qué tienen que convivir con tanta gente. Así que pese a la trágica situación, tienen que volver con sus parejas por motivos económicos”.

La letrada Estrella Piñeiro, del Centro de Información a la Mujer, (CIM), de Vilanova de Arousa, se pronuncia de forma similar a su colega y defiende también la prestación de mejor cobertura a las víctimas del rural. “A la vista está que la Ley de Protección no llega a quienes de verdad tiene que llegar. Hasta parece que vamos hacia atrás. Tenemos una Ley, Centros de Información a la Mujer, un ministerio y ayudas, pero no se frena la violencia machista ¿Qué pasa? Cada vez hay más casos y es muy preocupante el tema en los adolescentes. Creo que hay que invertir más en educación para atajar el problema”.

En cuanto a las órdenes de alejamiento, principal baza judicial, Estrella Piñeiro apunta que no bastan como protección en el rural porque el maltratador se las salta con facilidad: “Hay que tener en cuenta la singularidad del rural gallego. Policía y Guardia Civil apenas tienen medios, hay una sola patrulla para varios municipios y no pueden controlar tantos casos como hay. Tampoco tenemos juzgados especializados”.

Aunque la orden de alejamiento no es la panacea, es de las pocas medidas de protección para las víctimas, pero no siempre consiguen que los jueces las otorguen. “Me siento desprotegida”, afirma Ana Belén que tras finalizar una relación sentimental de 15 años con su expareja, con quien tiene una hija menor, lo denunció por presuntas amenazas y maltrato psicológico al tiempo de la ruptura y después por “acoso y coacciones”.

Excepto en el caso de la primera denuncia que sigue en trámite, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo archivó todas las demás. “La jueza archiva y no me concede la orden de protección”, lamenta. En cambio, cuenta con protección policial: “No puedo más que agradecer a mi agente custodio que esta pendiente de mi. Pero a nivel judicial no me escuchan, ni a mi ni al fiscal que también pidió una orden de protección, pero la jueza entiende que son encuentros casuales”.