La Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia advierte de que se puede pedir responsabilidad penal a los titulares de aquellas infraestructuras o concesionarias que por falta de mantenimiento o dejadez en la conservación supongan una “grave” amenaza para sus usuarios. La denuncia de un particular, Policía Local o Guardia Civil basta para abrir una investigación por las deficiencias y el deterioro que presenta una carretera y pongan en jaque la seguridad de conductores y pasajeros. “Bien sea en esta vía o en cualquier vía pública, la falta de conservación por aquellos que están obligados a hacerlo podría dar lugar a responsabilidad penal concurriendo determinadas circunstancias”, detallan desde el ministerio público preguntado por los “fallos de seguridad” e “incumplimientos de la normativa vigente” en la AP-9 que han sido comunicados por escrito al Ministerio de Fomento –ahora Transportes y Movilidad– y a la propia concesionaria de la autopista.

Laderas de piedra con desprendimientos, muros y pilares sin protección, barandillas oxidadas e incluso rotas, barreras discontinuas o de escasa altura por la repavimentación de la calzada, entorno sin biondas que frenen el vuelco del vehículo en caso de salida de vía, arcenes de menos de metro y medio, postes de luz junto a la vía... Son algunas de las deficiencias detectadas en la autopista gallega, de titularidad estatal y cuya concesión explotará Audasa hasta el año 2048. Ante la “especial gravedad” que entraña la situación actual de la vía de pago en decenas de puntos, según apunta la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en una carta remitida este mismo lunes al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, la Xunta reclama al Gobierno central que apremie a la concesionaria a mantener la AP-9 “en perfectas condiciones”.

También el colectivo de víctimas Stop Accidentes ha reclamado la misma actuación a Transportes, al que corresponsabiliza de los fallos de seguridad transmitidos por escrito al departamento que gestiona Carreteras del Estado.

Para proceder a la imputación por el estado deficiente de una vía, es necesario que el responsable tenga conocimiento de lo peligroso de la situación y tenga la capacidad de eliminar el peligro, tal y como explican desde la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia. El Código Penal recoge entre los delitos contra la seguridad vial en su artículo 385 el crear un grave riesgo para la circulación y una de las maneras de crear esta amenaza es “no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo”. Es decir, el autor de este delito se enfrentará al banquillo al tener la obligación de controlar una fuente de riesgo por razón legal o contractual y se le castigará porque dolosamente incumpla su deber de restablecer la seguridad, “bien sea funcionario, concesionario, contratista o responsable de empresas de construcción, mantenimiento o señalización”.

Hasta la fecha, las escasas sentencias condenatorias dictadas por delito de riesgo en la vía fueron por casos en los que se alteró la seguridad de la infraestructura por una “conducta activa” y no por una dejación en las funciones de conservación, tal y como explican desde el ministerio público. En Galicia ya se han dictado varios fallos en este sentido: condenado el director de una obra en una carretera comarcal de la provincia de Pontevedra por escasa iluminación durante la noche de unas vallas en la vía o el conductor de un camión que con la pérdida de parte de la carga en la AP-9 ocasionó un accidente.

Desde Fiscalía apuntan además que también podría incluirse la conducta de los responsables del estado de la vía que, “conocedores de los defectos existentes” y “del riesgo que ello genera para la seguridad de los que circulen por ella”, no pongan los medios necesarios para subsanarlos.

En los últimos años, han surgido voces que abogan por la creación de un “delito de comisión imprudente”. Esta tipificación, según apuntan desde el ministerio público, permitiría asegurar la efectividad de la actuación de los responsables de garantizar la seguridad de una vía. “Por considerar que están en un plano distinto en relación con la protección del bien jurídico protegido, se podría exigir una mayor diligencia a esos responsables,” argumentan desde la Fiscalía de Seguridad Vial.

Pero en la actualidad, solo podrá pedirse responsabilidad penal a los responsables de una infraestructura “en caso de graves incumplimientos y de manera intencional”.

Stop Accidentes exige el “máximo de garantías de seguridad”

Las víctimas de tráfico han trasmitido al Ministerio de Transportes su “asombro” y “preocupación” ante la situación actual que presenta la AP-9. En un escrito presentado ayer en la Demarcación de Carreteras del Estado y dirigido a su jefe, Ángel González del Río, el colectivo Stop Accidentes en Galicia urge al Estado a actuar ante una infraestructura de pago que “debería ofrecer el máximo de garantías de seguridad vial”. Los usuarios del vial, según advierte Jeanne Picard en la carta, “pagan para circular en una carretera segura que perdona los errores”. Ante la lista de deficiencias comunicadas por escrito al entonces Ministerio de Fomento, el colectivo de víctimas apela a la “responsabilidad” de la Demarcación de Carreteras del Estado en el mantenimiento de “las vías en buen estado, según la normativa existente”.

Programa “Visión cero”

Desde la asociación Stop Accidentes recuerdan que “debe cumplirse” el programa europeo denominado “Visión cero”, basado en un “enfoque del sistema seguro” ya que no solo el error humano tiene incidencia en un siniestro al volante, sino también el estado de la vía. “El transporte por carretera es un sistema complejo y los seres humanos, los vehículos y las infraestructuras deben interactuar de tal manera que se garantice un alto nivel de seguridad”, concluye la presidenta de la asociación de víctimas en Galicia.