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Los concellos gallegos abonan al año más de 17 millones en facturas irregulares

Obras de reforma en un jardín municipal. |   // BERNABÉ/CRISTINA M. V.

Obras de reforma en un jardín municipal. | // BERNABÉ/CRISTINA M. V.

Son pagos comprometidos y realizados sin contrato alguno que lo ampare, sin dotación presupuestaria o por prestaciones que exceden el objeto de la licitación inicial

El llamado reconocimiento extrajudicial de crédito es una fórmula de pago de contratos y servicios a los que recurren las entidades locales para sortear la rigidez del control financiero a la que están sometidas o la falta puntual de dotación presupuestaria. Una parte de los pagos realizados mediante esta vía encuentra acomodo legal por responder a causas objetivas, pero en otros casos, y son la mayoría, se consideran abonos irregulares al no estar amparados por los procedimientos reglados. Así, según el Tribunal de Cuentas, los concellos gallegos pagan al año algo más de 17 millones de euros con facturas irregulares. La cuantía, con respecto al presupuesto total que manejan los concellos –por encima de los 2.700 millones de euros– no es mucha, pero el órgano fiscalizador advierte, en todo caso, que se trata de una fórmula de la que se abusa por estar reservada solo a casos excepcionales y, sobre todo, por hacerse de forma indebida.

El reconocimiento extrajudicial es una figura extraordinaria que debería utilizarse en casos muy concretos para dar solución a aspectos muy específicos, pero la realidad –en toda España, no solo en Galicia– muestra que se utiliza en demasiadas ocasiones para eludir el incumplimiento de la normativa de contratación o el procedimiento presupuestario.

Para evaluar el alcance de esta fórmula, el Tribunal de Cuentas acaba de realizar un informe específico en el que seleccionó una muestras de estos expedientes firmados por 38 diputaciones y 654 ayuntamientos, de los que 113 son gallegos –la comunidad más representada de todas– y finalmente examinó en detalle 798 expedientes –por importe de 265 millones euros− de 410 entidades.

De ese presupuesto total, en el conjunto de España se comprometió el pago de forma irregular por 234 millones de euros, de los que 17,3 corresponden a los ayuntamientos gallegos –tomando como base la liquidación de 2018–.

El Tribunal de Cuentas considera que son obligaciones de pago indebidamente comprometidas “las adquiridas de forma irregular por haberse generado con incumplimiento de la normativa de aplicación”. Y señala específicamente los gastos realizados sin la correspondiente licitación del contrato preceptivo; las obligaciones comprometidas sin crédito presupuestario; las prestaciones que exceden del objeto del contrato que las debiera amparar y para las que no se ha tramitado la correspondiente modificación; o las prestaciones que tienen cabida en un contrato menor, pero para las que no se ha seguido la tramitación reglamentaria prevista.

Claves

  • Casi 240 millones en toda España

    Esta vía irregular de pago de facturas alcanzó un importe de 234 millones de euros en el conjunto de España en 2018

  • Fórmula que debería ser excepcional

    La figura del reconocimiento extrajudicial debería ser de uso excepcional, pero se abusa de su aplicación.

  • Once ayuntamientos señalados

    El Tribunal de Cuentas señala explícitamente a once concellos gallegos por recurrir a esta vía.

Según el desglose del órgano fiscalizador, de los 17,3 millones pagados irregularmente, 5,5 lo fueron por no disponer de fondos presupuestarios; 4,8 por haberse abonado el servicio o los bienes sin contrato alguno, otros 5,8 por carecer de la cobertura contractual necesaria y el resto, más de un millón de euros, por tratarse de un contrato menor que se formalizó sin aprobación del gasto pertinente.

El Tribunal de Cuentas señala explícitamente a once concellos gallegos entre los que mayor imputación de gastos tuvieron a través de la aprobación de reconocimientos extrajudiciales. Son Melide, Porto do Son, Cambre, Boiro, Coristanco, Ferrol, Santiago, Bueu, Redondela, Mos y Cambados, si bien también incurrieron en esta práctica Ames, Castro de Rei, Guitiriz, Caldas de Reis o Foz.

Hay otra parte de los pagos, pero pequeña, que realizan por la fórmula del reconocimiento extrajudicial y que, en este caso, están totalmente amparados por los procedimientos regulares. Son los gastos ejecutados en los que se produjo alguna o varias de las siguientes circunstancias: facturas presentadas fuera de plazo, retraso en la tramitación del expediente, bien como consecuencia de demoras de la propia entidad local o derivado de defectos que no conllevaban nulidad de las actuaciones, o expedientes con omisión de fiscalización previa sin que concurrieran supuestos de nulidad de las actuaciones cuando detectada dicha omisión, el órgano competente acordó continuar con el procedimiento.

Por esta vía se abonaron 2,9 millones de euros, casi todos ellos por presentación tardía de la factura, salvo 49.000 euros, por demora de la tramitación administrativa.

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