Expertos en nuevas tecnologías como Javier Pedreira, autor de libros de título tan ilustrativo como “Los nativos digitales no existen” y uno de los responsables de que el currículum gallego de ESO ofrezca una optativa como “Identidad digital”, auguraba hace varios años que “las habilidades digitales se demandarán al mismo nivel o más que los idiomas”. El tiempo le ha dado pronto la razón y la Xunta incluso se plantea que cuenten para el acceso a un empleo público. Así consta en el proyecto de decreto por el que se regula el marco gallego de competencias digitales y su certificación autonómica.
En concreto, en el proyecto normativo figura que la acreditación de la posesión de este tipo de conocimientos podrá “valorarse como mérito o establecerse como requisito de participación en los procesos de provisión de puestos de trabajo o de selección de personal”, en los términos que determine la normativa reguladora de la función pública. Le tocará, pues, a la Dirección Xeral correspondiente el fijar los criterios para reconocer estas competencias en los procesos selectivos y de provisión.
El documento incluye como una de las finalidades de la regulación autonómica de estas destrezas el desarrollo del “Plan de capacitación digital del personal empleado público”, que “deberá definir”, según recoge el texto, el conocimiento “mínimo” de estas cuestiones por el personal empleado público. Porque la “especialización” en el manejo de las TIC (conocimientos, habilidades y actitudes) irá “en función del colectivo destinatario”: no será la misma para la ciudadanía en general que para optar a un puesto en la Administración. No obstante, en el caso de empleados públicos se establece un plazo máximo de un año desde que entre en vigor el decreto para que se conozcan qué criterios guiarán la convalidación de las acreditaciones que haya obtenido y con “relación directa” con contenidos de tecnologías digitales “vigentes y aplicables”.
En todo caso, desde la Xunta, en concreto desde la Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), que centralizará lo vinculado al marco de competencias digitales, se prevé “facilitar” a unos y a otros “itinerarios formativos” para demostrar los conocimientos y habilidades. En lo que a ciudadanos respecta, se aprovecharán los centros de la red CeMIT, aunque pueden establecerse acuerdos con otros colaboradores.
La certificación contempla varios niveles y competencias. Porque no es lo mismo saber de tecnologías de la información y de la comunicación en lo más simple, como buscar una información por internet, que en cuestiones más complejas, como componer contenidos digitales y conocer las licencias de uso, por ejemplo. De hecho, un reciente estudio en las aulas gallegas sobre el conocimiento TIC de los “nativos digitales” cuestionaba el mito y evidenciaba carencias y un conocimiento “superficial”.
El empeño no viene de la Xunta, sino de la UE, que ve en la competencia digital, en el mundo actual, una de las “claves”, no solo para “realizarse” como persona, sino también de cara al “empleo”. En esa línea, Galicia mueve ficha mirando lo establecido por Europa y adaptándolo y dispone un proyecto de decreto para regular cómo se certifican este tipo de competencias, de manera similar a cómo ocurre, por ejemplo, con los idiomas. El objetivo, así lo recoge la normativa, es promover un uso de la tecnología digital “seguro, crítico y colaborador” en todos los ámbitos de la vida. No basta con apañárselas o ser “hábil” para usar los dispositivos digitales.
El certificado gallego en competencias digitales que regula el decreto, donde se establecen los “criterios, requisitos y procedimientos” para su obtención, permite al titular (de al menos 16 años) “poder acreditar ante cualquier instancia, pública o privada de Galicia, sus competencias digitales”. Como en otras áreas, será preciso contar con el nivel de aptitud previo para acceder al siguiente y se establece una vigencia máxima de cinco años desde su obtención; luego tocará renovarlo. Para conseguirlo hay que pasar una prueba (virtual o presencial) convocada por la Amtega, aunque también se reconocen convalidaciones y homologaciones.
